La sociedad civil, conceptuada por la doctrina Social de la Iglesia y a partir de la carta encíclica Rerum novarum de su santidad León XIII, es el conjunto de instituciones civiles que a través de sus relaciones, ya sean culturales, económicas, sociales o políticas, garantiza el objetivo último del bien común en la sociedad, a la luz de una democracia participativa. Estas instituciones deben ser lo más autónomas posible de la acción del Estado y de la opción política que coyunturalmente esté en el poder.
En Cuba, a partir de esta concepción, el entramado de la sociedad civil se encuentra extremadamente reducido —diríamos que prácticamente no existe— debido a que, siendo aún pocas, todas las instituciones civiles han sido creadas por el propio Estado. Estas instituciones (ANAP, CDR, UJC, FEEM, CTC, FMC, etc.) actúan como poleas transmisoras de los intereses del Estado y responden íntegramente a la plataforma sociopolítica del único partido permisible, el cual ha sido concebido como la institución legal suprema, eterna e insustituible, capaz de distribuir y controlar con la mayor eficiencia posible todos y cada uno de los tipos de bienes de la sociedad.
La sociedad civil debe caracterizarse por su gran capacidad de iniciativa y debe estar orientada firmemente para que pueda favorecer una convivencia social más plena, más libre y por supuesto más justa, respondiendo a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los que disienten de la ideología marxista-leninista —impuesta para que sea acatada por todos—, donde los grupos y asociaciones de ciudadanos se puedan movilizar con total libertad de acción e iniciativa. La sociedad civil, a partir de esta concepción, debe estar apoyada estatalmente para que pueda cumplir con las expectativas de elaborar y expresar orientaciones que garanticen enfrentar las necesidades básicas y fundamentales de la población, defendiendo sus legítimos derechos e intereses.
Por otro lado, la comunidad política debe concebirse y constituirse verdaderamente para servir y apoyar a la sociedad civil, a las personas y grupos que la conforman y no a la inversa, como ocurre en nuestro contexto político. La sociedad civil no puede ser considerada un apéndice o una variable o prolongación de la comunidad política, todo lo contrario, es la sociedad civil la que tiene toda la preeminencia, ya que es precisamente dicha sociedad civil la que justifica la existencia de la sociedad política.
La Iglesia, con relación a estos dos preceptos, ha contribuido eficazmente a su esclarecimiento y aspira a que de verdad se haga distinción entre la comunidad política y la sociedad civil desde su visión de la persona humana, como un ser autónomo, que necesita de la autonomía para su desarrollo y crecimiento y que necesariamente vive relacionado con su medio social y que está abierto a la trascendencia. El empeño de la Iglesia es favorecer el pluralismo imprescindible, sano y beneficioso, como complemento para la búsqueda del bien común y no como antagonismo destructivo como quiere hacerse ver que es siempre. La comunidad política y la sociedad civil, aun cuando estén recíprocamente relacionadas e interdependientes entre sí, no son iguales en la jerarquía de los fines.
Esta visión de la Iglesia, contrasta con aquellas ideologías políticas extremas y reduccionistas, desde las que solo se promueve el individualismo egoísta y cruel, hasta las totalitarias colectivistas que, esgrimiendo la defensa del pueblo y del más necesitado, tienden a absorber la sociedad civil en la esfera de actuación del Estado. La más correcta y adecuada realización del bien común conlleva, irrefutablemente, transitar por el camino de la democracia partiendo de los principios de solidaridad, subsidiaridad y justicia social, pero respetando y fomentando siempre el uso de las libertades de la persona humana ya que la libertad colectiva o social descansa en la libertad individual de cada persona humana que la constituye.
Nuestro Apóstol José Martí, en su carta dirigida al Director de La Nación, desde Nueva York, el 9 de agosto de 1886, se refería a la lucha entre el Presidente y los demócratas, y señalaba: “… por el olvido de toda idea alta a la patria con que continúan su riña mortal los demócratas y los republicanos y por la resistencia del partido democrático a ayudar al Presidente a conducir la política nacional de manera que el bien público sea lo primero, y el bien del partido solo se atienda cuando no riñan sus necesidades o conveniencias con las del bien público. El Presidente quiere que el partido sirva a la nación, y los demócratas se resisten a seguirlo, porque quieren que la nación sirva al partido”.
Ante las penurias económicas y la falta de libertades en que vive hoy el pueblo cubano se necesita la firme y democrática posición de que el partido en realidad sirva al pueblo y a la nación y que por fin se produzcan los cambios y las aperturas que la sociedad necesita para que, entre todos y no desde manos exclusivas, se busquen las soluciones en aras del bien común y de la construcción de una verdadera sociedad civil que, defendida y orientada desde la comunidad política, responda a los verdaderos intereses de la nación y no únicamente al Estado y al partido.
El Estado, dentro de sus funciones, debe estar presto para aportar como deber insoslayable un marco jurídico adecuado y garantizar así que se produzca un libre ejercicio de las actividades de las personas y las asociaciones que conforman la sociedad civil y debe estar preparado para intervenir cuando se produzcan irregularidades e incongruencias, respetando siempre el principio de la subsidiariedad, orientando hacia el bien común de una manera dialéctica las libres relaciones entre las diversas asociaciones en la vida democrática. Convencidos estamos que la sociedad civil es heterogénea y muy diversa, que es fragmentaria, por lo que no debe estar carente de contradicciones y ambigüedades, que es también un lugar de enfrentamiento entre intereses diversos, con el riesgo de que el más fuerte prevalezca sobre el más indefenso. No obstante, es el marco más adecuado para lograr una participación ciudadana plena y libre, donde todos podamos estar representados y respetados, donde todos podamos crecer y vivir dignamente independientemente de la ideología y la religión que profesemos.
Como parte de la sociedad civil, la Iglesia es una institución más con sus objetivos bien determinados, no es un partido político y por ende su misión no es partidaria política, sino caritativa y humanitaria, ella busca al hombre y está al servicio de la persona humana, quiere evangelizar a todos sin excepción, pero significativamente aquellos ambientes más necesitados de su labor caritativa, profética y misionera. La declaración Dignitatis humanae precisa claramente el derecho que tiene cada persona y cada comunidad a la libertad social y civil en materia religiosa, pero para que esta libertad, que es querida por Dios, pueda ejercerse no debe estar obstaculizada por la acción del Estado.
La verdad no se impone por la fuerza sino con la misma fuerza de la verdad. Ninguna sociedad y ningún Estado debe abrogarse el derecho y, por tanto, mucho menos coaccionar a la persona para que actúe contra su conciencia, ni debe impedirle actuar conforme a ella. La libertad religiosa y de conciencia solo le corresponde al hombre de manera individual y así debe ser considerado socialmente.
El Concilio Vaticano II comprometió profundamente a la Iglesia Católica en la promoción de la libertad religiosa, que no puede ser limitada al culto como sucede en nuestra sociedad. La Iglesia tiene derecho a actuar en todas las esferas sociales de la persona humana, incluyendo la salud, la educación y los medios de comunicación para su labor pastoral. Desgraciadamente muchos Estados en el mundo, incluyendo el nuestro, vetan este derecho a la libertad religiosa, hasta el punto de que hacer una peregrinación a la Virgen, dar una catequesis o desarrollar una actividad religiosa no aceptada por él, pero legalmente establecida, puede ser considerada por éste como una provocación y por tanto un delito susceptible a sanción.
La Iglesia tiene todo el derecho al reconocimiento jurídico de su propia identidad, debido a que su misión abarca toda la realidad humana. La Iglesia exige por tanto una revitalización general dentro la sociedad civil cubana: libertad de expresión y acceso a los medios, libertad de enseñanza y evangelización, libertad para ejercer el culto públicamente; libertad de agruparse y tener reglamentos internos; libertad de elección y de asociarse para fines no solo religiosos, sino también educativos, culturales, de salud y caritativos.
La Iglesia y la comunidad política son de naturaleza diferente, tanto por su configuración como por sus fines. Ambas son totalmente independientes y autónomas y cada una actúa en su propio terreno. La estructuración de la Iglesia responde a las formas más adecuadas que tiene para poder satisfacer las exigencias espirituales de su pueblo, mientras que la acción política del Estado debe ir dirigida a las relaciones entre las instituciones al servicio de todo aquello que pueda garantizar el bien común temporal.
En la diversidad está la riqueza de este mundo creado por Dios, no la desperdiciemos y reconstruyamos a tiempo nuestra sociedad civil para cuidarla como uno de los tesoros más preciados de la vida.