LA JUSTICIA COMO FUNDAMENTO
DE UNA PAZ AUTÉNTICA A LA
LUZ DE LA ENCÍCLICA PACEM
IN TERRIS DEL PAPA JUAN XXIII

SUSANA VILLARÁN DE PIQUERAS

Publicado en la sección "Reflexiones"
Revista Vitral No. 69 * año XII * septiembre-octubre de 2005

 

 

 

 

La Carta Encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII es uno de los grandes textos de moral social de nuestro tiempo, se podría decir sobre este magistral documento lo que señalaba Karl Rahner proponiendo una interpretación teológica del Concilio Vaticano II “del descubrimiento y de la realización de la Iglesia, como Iglesia universal”: el tiempo que va de Jesús a Pablo, ligado al mundo judío; el lapso transcurrido entre Pablo y Vaticano II, vinculado al universo occidental; el tercer periodo comenzaría con el Concilio y tendría una perspectiva universal(1).
De un lado, la Enclíca Pacem in Terris es un momento profético de la Iglesia en su apertura al mundo moderno, en su apertura al mundo cristiano y a las religiones de la humanidad y en su opción preferencial por los pobres, desde un diálogo maduro y original con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948(2). La Encíclica no es una aceptación acrítica del mundo moderno, es una crítica a la raíz y una propuesta de un nuevo orden desde la ley humana a la luz de la ley de Dios.
Es interesante notar que en este proceso de la humanidad y de la Iglesia inserta en el mundo, el aporte de los cristianos latinoamericanos -alejado de los extremos individualistas y colectivistas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hay que destacar la inspiración que tuvo en ellos la moral social del magisterio de la Iglesia (las Encíclicas Rerum Novarum del papa León XIII y la Quadragesimo Anno, publicada por el papa Pío XI en el 40 aniversario de la Rerum Novarum). Sobresalen Cuba, Panamá, y Chile. “...en 1945, Cuba gozó de un breve intervalo de esperanza política y promesa. Esta nación envió un elocuente joven democrático de treinta años, Guy Pérez Cisneros, a la Conferencia de San Francisco.”(3). Recordemos que fue en esta Conferencia que Franklin Delano Roosvelt pronunció un histórico discurso convocando a la humanidad a crear un mundo basado en cuatro libertades fundamentales: libertad de expresión, libertad de religión, libertad ante la necesidad (miseria) y libertad ante el miedo (autoritarismo y totalitarismo). Es la visión de un “orden moral internacional” luego de la II Guerra Mundial. Este famoso texto de las Cuatro Libertades impregnaría el Prólogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que trabajó con tanta iniciativa y capacidad de concertación su viuda, la notable Eleanor Roosvelt.
Vale también hacer memoria que el Papa Roncalli estuvo muy cerca del proceso de elaboración de la Declaración Universal, cercano a René Cassin, uno de sus grandes autores. Cassin comenta que en otoño de 1948 recibió una discreta nota de ánimo del nuncio Papal, Roncalli. La Encíclica Pacem in Terris reconoce pues, y avanza en ciertos aspectos, la DUDDHH , adoptando, sin ningún ambage, el lenguaje de los derechos.

La justicia en la Pacem in Terris

En la Carta, la justicia se define como el reconocimiento de los mutuos derechos y como el cumplimiento de los mutuos deberes en: 1) las relaciones entre los individuos, 2) las relaciones entre los ciudadanos y sus respectivos Estados, 3) las relaciones entre los Estados entre sí, y 4) las relaciones, de un lado, entre los individuos, familias, entidades intermedias y Estados particulares, y de otro, la comunidad mundial.
La Encíclica propone un nuevo orden de justicia y paz, de verdad y solidaridad como el espíritu de la ley humana a la luz de la ley de Dios: en las relaciones civiles, en las relaciones políticas, en las relaciones internacionales y en las relaciones mundiales. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace el mismo llamado, desde el delicado equilibrio que tendría que lograrse entre el los países occidentales y el bloque socialista, a un nuevo orden mundial afirmando que lo que se pretende con el reconocimiento internacional de los derechos humanos es el “advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia”. Un nuevo orden social e internacional, dirá el Artículo 28 de la DUDDHH, en el que los derechos se hagan plenamente efectivos.

Un nuevo orden en las relaciones civiles

La persona humana, sujeto de derechos y deberes.
La Encíclica de los derechos y deberes del hombre, al señalar que “Todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto.”
En la misma perspectiva del primer Artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se que sostiene: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Juan XXIII , en su consideración de la persona destaca el tema de la dignidad intrínseca del ser humano; “consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades reveladas por Dios, hemos de valorar necesariamente en mayor grado aún esta dignidad, ya que los hombres han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hechos hijos y amigos de Dios por la gracia sobrenatural y herederos de la gloria eterna.”

Los derechos del hombre

Derechos derivados de nuestra naturaleza de seres humanos, inalienables, interdependientes, universales, indivisibles.

Derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida
No puede haber justicia, en la visión de el Papa Juan XIII, si se niega el derecho a la existencia humana, si se atenta contra la integridad física y si la vida y la integridad no están sustentadas en el disfrute de derechos sociales fundamentales que él plantea como “los medios necesarios para un decoroso nivel de vida... el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue –sostiene la Encíclica– que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudez, vejez, desempleo y, por último, cualquier otra eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento.” Derechos económicos y sociales que serán recogidos en la Declaración y más tarde en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los sesenta.

Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura
La Encíclica Pacem in Terris destaca entre los derechos inherentes a la persona humana, cuyo respeto es la base de la justicia: “la buena reputación social (Art. 12 de la DUDDHH), la posibilidad de buscar la verdad libremente y, dentro de los límites del orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones (Art. 18) y ejercer una profesión cualquiera, y, finalmente, disponer de una información objetiva de los sucesos públicos. Este último, el derecho a recibir información y opiniones y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, tal como lo consagra el Artículo 18 de la DUDDHH.
También es un derecho natural del hombre el acceso a los bienes de la cultura, sostiene Pacem in Terris, subrayando el derecho a la educación, que será vinculante en adelante en todos los instrumentos del sistema universal y hemisférico de derechos humanos. Por ello sostiene: “es igualmente necesario que reciba una instrucción fundamental común y una formación técnica o profesional de acuerdo con el progreso de la cultura en su propio país”.

Derecho al culto divino
Entre los derechos de carácter individual, el Papa Juan XXIII en esta Encíclica, destaca la libertad de creer que impregna el Preámbulo de la DUDDHH: “Entre los derechos del hombre se debe enumerar también el de poder venerar a Dios, según la recta norma de su conciencia, y profesar la religión en privado y en público” Recuerda a León XIII cuando afirma: “Esta libertad, la libertad verdadera, digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión y ha sido siempre el objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Esta es la libertad que reivindicaron constantemente para sí los apóstoles, la que confirmaron con sus escritos los apologistas, la que consagraron con su sangre los innumerables mártires cristianos”.

Derechos familiares
El contenido del Artículo 16 está relacionado con el derecho a fundar una familia, en la que los varones y las mujeres tendrán iguales derechos; Juan XXIII es más explícito que el texto de la DUDDHH, a este respecto añade el derecho a “seguir la vocación del sacerdocio o de la vida religiosa”.

Derechos económicos
Si bien Pacem In Terris se refiere a los derechos sociales antes, como condiciones para garantizar la existencia misma del hombre y de la mujer, dedica un acápite importante a los derechos económicos. Es así que plantea: “es evidente que el hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo”
Coloca condiciones al derecho al trabajo que son dignas de destacar: “condiciones de trabajo que no debiliten las energías del cuerpo, ni comprometan la integridad moral, ni dañen el normal desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la mujer, hay que darle la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias y los deberes de esposa y de madre” y sostiene en el parágrafo 20 de la Encíclica el derecho a una retribución salarial justa por el trabajo: “no debe silenciarse que ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia, y que, por lo mismo, según las posibilidades de la empresa, le permita, tanto a él como a su familia, mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre”.

Derecho a la propiedad privada
Consagrado en el Artículo 17 de la DHDDHH, el Papa Juan XXIII, avanza en el espíritu de la Doctrina Social de la Iglesia al considerar el derecho a la propiedad como un medio, sosteniendo que “surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción, derecho que, como en otra ocasión hemos enseñado, constituye un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad económica, y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado” y coloca, algo que es consustancial a su pensamiento: “Por último, y es ésta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada entraña una función social”. Texto extraído de Mater et Magistra.

Derecho de reunión y asociación
Uno de los derechos civiles y políticos esenciales, junto al de libertad de expresión, es el derecho de asociación y reunión . Así lo sostiene el Papa Juan XXIII en el parágrafo 23 de la Encíclica que comentamos: “el derecho de reunión y de asociación; el de dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines propuestos; el de actuar dentro de ellas libremente y con propia responsabilidad, y el de conducirlas a los resultados previstos”. Juan XXIII insiste en la importancia de fundar asociaciones u organismos intermedios, indispensables para fortalecer el tejido social, para dar canales de expresión, representación e intermediación a la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, son fundamentales para consolidar este derecho. “Tales asociaciones y organismos –destaca Pacem in Terris– “deben considerarse como instrumentos indispensables en grado sumo para defender la dignidad y libertad de la persona humana, dejando a salvo el sentido de la responsabilidad”.

Derecho de residencia y emigración
El Artículo 13 de la DUDDHH consagra el derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado. Este artículo añade que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él. Esto lo recoge Pacem in Terris en su parágrafo 25. “Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no impide en modo alguno ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y convivencia universal, común a todos los hombres.”

Derechos políticos
El derecho a intervenir en la vida pública está directamente vinculado en la visión del Papa Juan XXIII con la dignidad de la persona humana y por lo tanto a la justicia. Nadie debe ser privado de este derecho. Los Derechos Humanos son interdependientes, indivisibles. El rol activo, participativo del individuo en la esfera pública es consustancial a su naturaleza de sujeto de derechos. Desde la perspectiva de la Declaración Universal, que constituye un parteaguas en lo que se refiere a la protección internacional de los derechos del individuo (antes de ello, el derecho internacional regulaba sólo las relaciones entre los Estados), estos deben ser protegidos nacional e internacionalmente. “...con la dignidad de la persona humana concuerda el derecho a tomar parte activa en la vida pública y contribuir al bien común” , dice Pacem in Terris.
El Artículo 21 de la DUDDHH se sostiene que toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país y expresa, en su acápite 3, que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad de poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”

Derecho a la seguridad jurídica
La igual protección de la ley, el derecho a un recurso efectivo ante tribunales administrativos o jurisdiccionales, el debido proceso judicial (principio de legalidad, juez natural e imparcial, debida defensa, doble instancia, razonabilidad de las decisiones judiciales, proporcionalidad de la pena) son también derechos fundamentales de la persona. Pacem in Terris los consagra desde la visión de la Iglesia: “A la persona humana corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos; defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia”.
No habrá pues justicia sin el reconocimiento y protección efectiva de estos derechos que surgen de nuestra naturaleza de seres humanos, derechos naturales, en el lenguaje del Papa Juan XXIII.

Los deberes del hombre

Conexión necesaria entre derechos y deberes
El parágrafo 28 de la Pacem in Terris corresponde al artículo 29 de la DUDDHH y lo desarrolla. “Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los confiere o los impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible.” Añade Juan XXIII, que existe el deber de respetar los derechos ajenos: “Porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural, que lo confiere e impone el correlativo deber. Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen”. “...a un determinado derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo.”

El deber de colaborar con los demás
Somos seres en sociedad. La convivencia debe ser, en el sentir de Juan XXIII, “rectamente ordenada” en que cada uno y cada una, aporten “su colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los deberes con diligencia y eficacia crecientes”. Esto, en la Encíclica está directamente relacionado con la necesidad de la existencia de un orden jurídico que garantice que todos y todas cumplan mutuamente sus derechos y deberes.

El deber de actuar con sentido de responsabilidad
La responsabilidad, en la Pacem in Terris, está indisolublemente ligada a la libertad, a la iniciativa propia, contra todo tipo de imposición de la fuerza o coacción: “... cada cual ha de actuar por su propia decisión, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coacción o por presiones que la mayoría de las veces provienen de fuera. Porque una sociedad que se apoye sólo en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella, efectivamente, los hombres se ven privados de su libertad, en vez de sentirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento.” Este es un asunto fundamental en este momento actual, en una sociedad del miedo por el terrorismo, por las guerras, por las dictaduras. Aún no hemos llegado a ese “estar libres del miedo” que proclamara Roosvelt en su discurso sobre las Cuatro Libertades en 1945 en la Conferencia de San Francisco. Es más, hoy el miedo es parte de un problema global de la humanidad que debe ser evaluado en su justa dimensión y en el impacto negativo que tiene en la limitación de libertades y de garantías para el disfrute de los derechos humanos.

2. Un nuevo orden en las relaciones políticas

Es en este aspecto que Pacem in Terris avanza de una manera extraordinaria respecto de la DUDDHH, de alguna manera atrapada en la negociaciones de la Guerra Fría que se iniciaba en la pos guerra. El aporte del Papa Juan XIII dibuja lo que debieran ser las relaciones en lo que él llama “la época actual” :la elevación del mundo laboral, la presencia de la mujer en la vida pública y la emancipación de los pueblos, como elementos centrales de la justicia en las relaciones públicas y entre los géneros. Desde la mirada de nuestra Iglesia, el Papa Juan XIII destaca que la Verdad, la Justicia, el Amor y la Libertad, son fundamentos de la convivencia humana y de la naturaleza espiritual de ésta: “El orden vigente en la sociedad es todo él de naturaleza espiritual. Porque se funda en la verdad, debe practicarse según los preceptos de la justicia, exige ser vivificado y completado por el amor mutuo, y, por último, respetando íntegramente la libertad, ha de ajustarse a una igualdad cada día más humana”. La convivencia tiene que fundarse en el orden moral establecido por Dios”. “Dios, en efecto, por ser la primera verdad y el sumo bien, es la fuente más profunda de la cual puede extraer su vida verdadera una convivencia humana rectamente constituida, provechosa y adecuada a la dignidad del hombre”, sostiene Pacem in Terris.
Quiero referirme a la contribución de esta Encíclica en lo que se refiere al orden político, a la concepción de autoridad y de su legitimidad, a la necesidad de instituciones que garanticen los derechos humanos.
a) La autoridad debe estar sometida al orden moral, sostiene Juan XXIII. “Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho común del país.”
Por lo tanto, la Encíclica, recusa clara y explícitamente el autoritarismo, el sometimiento del ciudadano, el gobierno de la fuerza: “el derecho de mandar que se funda exclusiva o principalmente en la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios, no tiene eficacia alguna para mover al hombre a laborar por el bien común, y, aun cuando tal vez tuviera esa eficacia, no se ajustaría en absoluto a la dignidad del hombre, que es un ser racional y libre”.
“La autoridad,- dice Pacem in Terris - no es, en su contenido sustancial, una fuerza física; por ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada uno pesa de prestar su pronta colaboración al bien común. Pero como todos los hombres son entre sí iguales en dignidad natural, ninguno de ellos, en consecuencia, puede obligar a los demás a tomar una decisión en la intimidad de su conciencia. Es éste un poder exclusivo de Dios, por ser el único que ve y juzga los secretos más ocultos del corazón humano”.
b) La justicia de las leyes es otro elemento central de esta justicia en el orden político para el Papa del Concilio Vaticano II. Recogiendo a Santo Tomás de Aquino establece la diferencia entre ley justa y ley injusta que es, en última instancia, violencia.
c) Autoridad y democracia
La democracia como el régimen que permite la justicia y legitima a la autoridad, es un elemento explícito en la Encíclica. Recuerda a León XIII en lo que se refiere a la forma de gobierno y sostiene que la doctrina de derechos y deberes, que la convivencia social y que el orden político que diseña sólo pueden vivirse en “un régimen auténticamente democrático”
d) El bien común
Obliga al ciudadano:
“Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su colaboración personal al bien común” sostiene Pacem in Terris. Los gobernantes, por tanto, deben dictar aquellas disposiciones que, además de su perfección formal jurídica, se ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a él”.
Obliga también al gobernante:
“La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común. De donde se deduce claramente que todo gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio bien común y ajustando al mismo tiempo sus normas jurídicas a la situación real de las circunstancias”.
Está ligado a la naturaleza humana
“El bien común, en efecto, está íntimamente ligado a la naturaleza humana. Por ello no se puede mantener su total integridad más que en el supuesto de que, atendiendo a la íntima naturaleza y efectividad del mismo, se tenga siempre en cuenta el concepto de la persona humana”.
Debe redundar en provecho de todos
“...los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo social determinado, como lo establece ya nuestro predecesor, de inmortal memoria, León XIII: No se puede permitir en modo alguno que la autoridad civil sirva al interés de uno o de pocos, porque está constituida para el bien común de todos. Sin embargo, razones de justicia y de equidad pueden exigir, a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses.”
La opción por los más débiles, por los pobres, los que sufren privación, se encuentran en situación de subordinación a otros por efectos de la discriminación de género, de raza, de etnia, de condición social, de opinión, de enfermedad, de edad, de discapacidad, es parte, dentro de la Doctrina Social de la Iglesia, del bien común. Es decir, no existe una auténtica búsqueda del bien común si nos buscamos, por todos los medios, tener “especial cuidado” por defender sus derechos. Este desarrollo se dará con más fuerza en Medellín y Puebla, dentro de la Iglesia de América.
Abarca a todo el hombre
“Hemos de hacer aquí una advertencia a nuestros hijos: el bien común abarca a todo el hombre, es decir, tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu”. El papa Juan XXIII, recuerda en esto su magisterio recogiendo lo expresado en Mater et Magistra: el bien común abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección”.
Pacem in Terris ahonda aún más en los deberes de los gobernantes en orden al bien común
Defender los derechos y deberes del hombre
Si la justicia descansa en el reconocimiento de los mutuos derechos como en el cumplimiento de los mutuos deberes, según la Encíclica, expresamente señala que es deber del gobernante procurar el bien común que “ consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. “De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes”. Por ello dice: “Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten “. El Papa Juan XXIII realiza acá un claro deslinde entre gobiernos legítimos e ilegítimos, señalando que no tienen obligatoriedad los mandatos de un gobierno que no reconozcan los derechos del hombre o que los violen.
Señala, además, que es obligación de los gobernantes armonizar y regular los derechos, haciendo un nuevo llamado a un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos y, subraya la necesidad del gobierno de “favorecer su ejercicio”, planteando que es “deber” de quienes gobiernan, “crear un estado de cosas que permita y facilite al ciudadano la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.” La creación de un orden sin privilegios y estimulador de “la libre iniciativa de los particulares” en el campo de la economía, como en otros es también destacada en la Encíclica. Por ello, en esta parte de la Pacem in Terris, el Papa Juan XXIII, menciona las grandes desigualdades que, en la práctica, hacen que los derechos y los deberes carezcan de toda eficacia en la vida de estas personas. El tema de la justicia en lo relacionado al empleo digno y al salario, al saneamiento básico, a la vivienda y atención en salud, entre otros, es claramente expresado por la Encíclica. Hoy, el hemisferio es escenario de desigualdades sociales abrumadoras que ponen en riesgo la viabilidad y gobernabilidad en varios países, como lo señala en Informe sobre la Democracia en América Latina del PNUD de este año. La actualidad de esta Encíclica es impresionante para la realidad que vive hoy nuestro hemisferio.
El ordenamiento jurídico de un Estado o lo que la Encíclica llama “La constitución jurídico-política de la sociedad”
El Papa Juan XXIII expresamente sostiene en la Encíclica que no se puede establecer una norma universal acerca de cuál es la mejor forma de organizar un Estado: “es necesario tener muy en cuenta la situación actual y las circunstancias de cada pueblo; situación y circunstancias que cambian en función de los lugares y de las épocas”. Pero señala criterios fundamentales que deben regir un estado que salvaguarde los derechos humanos: División de funciones y de poderes, normas generales para el ejercicio de los tres poderes. En este aspecto, diseña el perfil de quienes deben ejercer el gobierno en los diferentes poderes del Estado: “la realidad pide que los gobernantes, para mantener incólume la ordenación jurídica del Estado en sí misma y en los principios que la inspiran, satisfacer las exigencias fundamentales de la vida social, acomodar las leyes y resolver los nuevos problemas de acuerdo con los hábitos de la vida moderna, tengan, lo primero, una recta idea de la naturaleza de sus funciones y de los límites de su competencia, y posean, además, sentido de la equidad, integridad moral, agudeza de ingenio y constancia de voluntad en grado bastante para descubrir sin vacilación lo que hay que hacer y para llevarlo a cabo a tiempo y con valentía”. Juan XXIII, que cree firmemente en las organizaciones de la sociedad civil señala en este acápite: “Es también exigencia de la realidad que tanto el ciudadano como los grupos intermedios tengan a su alcance los medios legales necesarios para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, tanto en el terreno de las mutuas relaciones privadas como en sus contactos con los funcionarios públicos” y hace un llamado a la imparcialidad plena de los órganos jurisdiccionales del Estado. Ello, a juicio del Papa Juan XXIII debe consagrase en la Carta o Constitución de un Estado y lo coloca bajo el acápite de “exigencias de la época” señalando que “lo primero que se requiere en la organización jurídica del Estado es redactar, con fórmulas concisas y claras, un compendio de los derechos fundamentales del hombre e incluirlo en la constitución general del Estado”. En segundo lugar, que se definan los procedimientos para designar a los gobernantes y, en tercer lugar, la normatividad acerca de las relaciones entre ciudadanos y autoridades: “que se definan de modo específico los derechos y deberes del ciudadano en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba de forma clara como misión principal de las autoridades el reconocimiento, respeto, acuerdo mutuo, tutela y desarrollo continuo de los derechos y deberes del ciudadano.”
Relaciones autoridad-ciudadanos
Finalmente, si hay un elemento que legitima el orden jurídico de un estado es la participación y el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la vida pública. En este aspecto, Pacem in Terris es meridianamente clara: “de este derecho de acceso a la vida pública se siguen para los ciudadanos nuevas y amplísimas posibilidades de bien común. Porque, primeramente, en las actuales circunstancias, los gobernantes, al ponerse en contacto y dialogar con mayor frecuencia con los ciudadanos, pueden conocer mejor los medios que más interesan para el bien común, y, por otra parte, la renovación periódica de las personas en los puestos públicos no sólo impide el envejecimiento de la autoridad, sino que además le da la posibilidad de rejuvenecerse en cierto modo para acometer el progreso de la sociedad humana”.
Pacem in Terris hace un llamado a los hombres y mujeres a tener conciencia ciudadana y a luchar por sus derechos y por un orden jurídico que los ampare: “constituyen también un testimonio indudable de que en nuestro tiempo los hombres van adquiriendo una conciencia cada vez más viva de su propia dignidad y se sienten, por tanto, estimulados a intervenir en la vida pública y a exigir que sus derechos personales e inviolables se defiendan en la constitución política del país. No basta con esto; los hombres exigen hoy, además, que las autoridades se nombren de acuerdo con las normas constitucionales y ejerzan sus funciones dentro de los términos establecidos por las mismas”.

 

3.Un nuevo orden en las relaciones internacionales

Juan XXIII sostiene en Pacem in Terris que las relaciones internacionales “deben regirse por la ley moral” : por la verdad, por la justicia y por una solidaridad activa . “Porque la misma ley natural que rige las relaciones de convivencia entre los ciudadanos debe regular también las relaciones mutuas entre las comunidades políticas.” Sostiene que este orden moral implica, por un lado, la necesidad de una autoridad rectora en el seno de la sociedad y, en segundo lugar, que esa autoridad rectora no se rebele contra el orden moral: “sin derrumbarse inmediatamente, al quedar privada de su propio fundamento. Es un aviso del mismo Dios: Oíd, pues, ¡oh reyes!, y entended; aprended vosotros los que domináis los confines de la tierra. Aplicad el oído los que imperáis sobre las muchedumbres y los que os engreís sobre la multitud de las naciones. Porque el poder os fue dado por el Señor, y la soberanía por el Altísimo, el cual examinará vuestras obras y escudriñará vuestros pensamientos”. Y, finalmente, que, en el ordenamiento de las relaciones internacionales, “la autoridad debe ejercerse de forma que promueva el bien común de todos, ya que para esto precisamente se ha establecido.”

a) Orden regido por la verdad
El derecho de cada nación a existir, al desarrollo. Orden basado en la no discriminación, ni en la ley del más fuerte en un mundo de relaciones desiguales. “Todo lo contrarío señala el Papa Juan XXIII esta superioridad implica una obligación social más grave para ayudar a los demás a que logren, con el esfuerzo común, la perfección propia.”, de ninguna manera la ventaja en conocimientos, desarrollo económico, grado de civilización puede “ser una causa lícita para dominar injustamente a las demás, constituye más bien una obligación para prestar una mayor ayuda al progreso común de todos los pueblos.”

b) Orden regido por la justicia
Basado en el reconocimiento de mutuos derechos y el cumplimiento de respectivos deberes. Orden internacional justo que, tal como en las relaciones entre individuos, “las comunidades políticas no pueden, sin incurrir en delito, procurarse un aumento de riquezas que constituya injuria u opresión injusta de las demás naciones. Oportuna es a este respecto la sentencia de San Agustín: Si se abandona la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios”.
El problema de las minorías étnicas. Este es un tema que hoy, en plena globalización, adquiere una dimensión muy importante. La globalización, fenómeno complejo, económico y cultural puede quebrantar las identidades de pueblos y minorías. Somos testigos de recientes conflictos sangrientos en Burundi, Rwanda, en los Balcanes y en diversos lugares del mundo por esta causa. En esta Encíclica, escrita en los años sesenta, el Papa Juan XXIII, señala que “la frecuente presencia de minorías étnicas dentro de los límites de una nación de raza distinta... plantea problemas de extrema gravedad.” Invoca a la comunidad internacional, basada en lo que debe ser un orden internacional justo y recusa los crímenes orientados a aniquilar a una raza.: “En esta materia hay que afirmar claramente que todo cuanto se haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquilamiento de la raza.”. Hoy el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, luego de las atroces experiencias cometidas durante la II Guerra Mundial y los cometidos contra etnias en recientes y trágicos conflictos, incorpora los crímenes orientados a exterminar a una raza o etnia, como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el Papa Juan XIIII invoca a quienes son miembros de estos grupos a incorporarse al concierto mundial sin abandonar su identidad: “Hay que advertir, sin embargo, que estas minorías étnicas, bien por la situación que tienen que soportar a disgusto, bien por la presión de los recuerdos históricos, propenden muchas veces a exaltar más de lo debido sus características raciales propias, hasta el punto de anteponerlas a los valores comunes propios de todos los hombres, como si el bien de la entera familia humana hubiese de subordinarse al bien de una estirpe”

c) Orden regido por la solidaridad activa
Como ingrediente fundamental de la justicia en el orden internacional, junto a la verdad y la justicia en sí, está la activa solidaridad al interior, entre las naciones y entre las organizaciones intermedias de la sociedad. “Como las relaciones internacionales deben regirse por las normas de la verdad y de la justicia, por ello han de incrementarse por medio de una activa solidaridad física y espiritual. Esta puede lograrse mediante múltiples formas de asociación, como ocurre en nuestra época, no sin éxito, en lo que atañe a la economía, la vida social y política, la cultura, la salud y el deporte, -dice Pacem in Terris-.
Se trata pues, en esta Encíclica de un enfoque de ciudadanía universal. De ahí que plantee “que la autoridad pública, por su propia naturaleza, no se ha establecido para recluir forzosamente al ciudadano dentro de los límites geográficos de la propia nación, sino para asegurar ante todo el bien común, el cual no puede ciertamente separarse del bien propio de toda la familia humana.”
La idea de familia humana está en el corazón de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su Preámbulo sostiene como primer acápite: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Esta idea de la universalidad, de formar parte de una familia humana es central en el orden internacional que surge de la pos guerra. Todas y todos los miembros de la familia humana tienen los mismos derechos, independientemente de su raza, sexo, religión, nacionalidad. “No ha de olvidarse tampoco sostiene Pacem in Terris que los hombres de cualquier raza poseen, además de los caracteres propios que los distinguen de los demás, otros e importantísimos que les son comunes con todos los hombres, caracteres que pueden mutuamente desarrollarse y perfeccionarse, sobre todo en lo que concierne a los valores del espíritu. Tienen, por tanto, el deber y el derecho de convivir con cuantos están socialmente unidos a ellos.”
Finalmente, en las características de un orden internacional justo en esta Encíclica, el Papa Juan XXIII, vuelve a insistir que la solidaridad activa pasa por la resolución de los problemas de desigualdad , lo que él llama desproporción en el disfrute de bienes, capitales y riqueza, la distinción entre naciones con más ventajas y otras en situación de desventaja: “Esto implica que las comunidades políticas, al procurar sus propios intereses, no solamente no deben perjudicar a las demás, sino que también todas ellas han de unir sus propósitos y esfuerzos, siempre que la acción aislada de alguna no baste para conseguir los fines apetecidos; en esto hay que prevenir con todo empeño que lo que es ventajoso para ciertas naciones no acarree a las otras más daños que utilidades.” Y finaliza haciendo un llamado a crear condiciones de vida dignas a cada persona que trabaja “para evitar que sean constreñidas a emigrar penosamente a otros países, abandonando el suelo patrio, y emprender una nueva vida, adaptándose a las costumbres de un medio distinto”.
El exilio político es tratado con profunda sensibilidad y agudeza, determinando sus causas: “La multitud de estos exiliados, innumerables sin duda en nuestra época, se ve acompañada constantemente por muchos e increíbles dolores. Tan triste situación demuestra que los gobernantes de ciertas naciones restringen excesivamente los límites de la justa libertad, dentro de los cuales es lícito al ciudadano vivir con decoro una vida humana. Más aún: en tales naciones, a veces, hasta el derecho mismo a la libertad se somete a discusión o incluso queda totalmente suprimido. Cuando esto sucede, todo el recto orden de la sociedad civil se subvierte; por que la autoridad pública está destinada, por su propia naturaleza, a asegurar el bien de la comunidad, cuyo deber principal es reconocer el ámbito justo de la libertad y salvaguardar santamente sus derechos.” “El paterno amor con que Dios nos mueve a amar a todos los hombres nos hace sentir una profunda aflicción ante el infortunio de quienes se ven expulsados de su patria por motivos políticos.”

La idea de la justicia, que recorre toda esta Encíclica no es una idea de trato igual a los iguales mirada superficial e incompleta de la igualdad real sino la del trato preferencial a aquellos y aquellas que se encuentran en desventaja. Durante estos años fecundos de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, la idea de igualdad y no discriminación ha supuesto desarrollos muy importantes, abriendo paso a la instalación de mecanismos y normas de afirmación positiva para generar, mediante estrategias de equidad, una real igualdad en el disfrute de los derechos.

d) En este orden internacional justo, el tema de la paz es fundamental
Recordemos que en 1963, año en que el Papa Juan XXIII escribe esta Encíclica, el mundo se encontraba dividido en bloques, se ahondaba la Guerra Fría y el peligro de nuevos conflictos alimentados por la carrera armamentista estaba latente. Es por ello, que como garantía de no repetición del enorme sufrimiento ocasionado por la II Guerra Mundial y por los conflictos que en ese entonces se vivían, con grandes pérdidas de vidas humanas, la Encíclica hace un llamado urgente: “ la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y de otro, las naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente; que se prohíban las armas atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías.”. Plantea que el armamentismo reduce las posibilidades de una vida digna para grandes sectores de la humanidad y la vida se instala en el temor y el miedo ante una guerra atómica: “La consecuencia es clara sostiene Juan XXIII : los pueblos viven bajo un perpetuo temor, como si les estuviera amenazando una tempestad que en cualquier momento puede desencadenarse con ímpetu horrible.”
A este respecto, la garantía de no repetición no sólo es el desarme material sino el desarme de las conciencias: “Todos deben, sin embargo, convencerse que ni el cese en la carrera de armamentos, ni la reducción de las armas, ni, lo que es fundamental, el desarme general son posibles si este desarme no es absolutamente completo y llega hasta las mismas conciencias; es decir, si no se esfuerzan todos por colaborar cordial y sinceramente en eliminar de los corazones el temor y la angustiosa perspectiva de la guerra. Esto, a su vez, requiere que esa norma suprema que hoy se sigue para mantener la paz se sustituya por otra completamente distinta, en virtud de la cual se reconozca que una paz internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino únicamente en la confianza recíproca."

e) Orden internacional regido por la libertad
Ninguna nación puede oprimir a otra. Es más, debe ayudarse a aquellas que están en vías de desarrollo. Este es un concepto más amplio de la libertad, presente también en el discurso de Roosevelt: libertad frente a la miseria o la necesidad. No hay mejor definición de pobreza que aquella que la caracteriza como pérdida de libertad de decidir. Por ello, el Papa Juan XXIII sostiene que la ayuda de unas naciones a otras “debe prestarse de tal forma que su libertad quede incólume y puedan ellas ser necesariamente las protagonistas decisivas y las principales responsables de la labor de su propio desarrollo económico y social.” Es necesario, sostiene la Encíclica Pacem in Terris que en este orden internacional justo “las naciones más ricas, al socorrer de múltiples formas a las más necesitadas, respeten con todo esmero las características propias de cada pueblo y sus instituciones tradicionales, e igualmente se abstengan de cualquier intento de dominio político. Haciéndolo así, se contribuirá no poco a formar una especie de comunidad de todos los pueblos, dentro de la cual cada Estado, consciente de sus deberes y de sus derechos, colaborará, en plano de igualdad, en pro de la prosperidad de todos los demás países”.

4. Una nueva autoridad pública mundial

En el lenguaje de la Encíclica, se trata de la ordenación de las relaciones mundiales. Por ello, en el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas (que con sus límites y vaguedades, entraña obligaciones jurídicas y no meras recomendaciones programáticas como son la internacionalización de los derechos humanos, la obligación de cooperación entre los Estados miembros para promover los derechos humanos cuyo desarrollo ha llevado a la adopción de instrumentos internacionales de protección de éstos), Pacem in Terris, sostiene: “Así como no se puede juzgar del bien común de una nación sin tener en cuenta la persona humana, lo mismo debe decirse del bien común general; por lo que la autoridad pública mundial ha de tender principalmente a que los derechos de la persona humana se reconozcan, se tengan en el debido honor, se conserven incólumes y se aumenten en realidad.” . Antes de ello, el Papa Juan XXIII plantea: “...como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general.”
El principio de subsidiariedad, de complementariedad, rige las estructuras de protección internacional de los derechos humanos. Este es destacado por la Encíclica como indispensable en la consecución de un orden mundial justo y en la naturaleza de la autoridad pública mundial: “Es decir, no corresponde a esta autoridad mundial limitar la esfera de acción o invadir la competencia propia de la autoridad pública de cada Estado. Por el contrario, la autoridad mundial debe procurar que en todo el mundo se cree un ambiente dentro del cual no sólo los poderes públicos de cada nación, sino también los individuos y los grupos intermedios, puedan con mayor seguridad realizar sus funciones, cumplir sus deberes y defender sus derechos.”

Las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Pacem in Terris, recoge el objetivo de la creación de las Naciones Unidas en 1945: “... el objetivo fundamental que se confió a la Organización de las Naciones Unidas es asegurar y consolidar la paz internacional, favorecer y desarrollar las relaciones de amistad entre los pueblos, basadas en los principios de igualdad, mutuo respeto y múltiple colaboración en todos los sectores de la actividad humana.”
La valoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos es indiscutible. Sin embargo, Juan XXIII la califica como un “primer paso introductorio para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo” y exclama : “Ojalá llegue pronto el tiempo en que esta Organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre!, derechos que, por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son universales, inviolables e inmutables.”

5. La acción de nosotros los cristianos para lograr la justicia

Pacem in Terris nos exhorta “a participar activamente en la vida pública y colaborar en el progreso del bien común de todo el género humano y de su propia nación. Iluminados por la luz de la fe cristiana y guiados por la caridad, deben procurar con no menor esfuerzo que las instituciones de carácter económico, social, cultural o político, lejos de crear a los hombres obstáculos, les presten ayuda positiva para su personal perfeccionamiento, así en el orden natural como en el sobrenatural.”
Se trata de “una presencia activa en todos los campos”. Una gran tarea para laicos y laicas que llevará, años más tarde, a Juan Pablo II a la “Christi Fidelis Laici” donde se delinea con mayor precisión nuestro compromiso laical en la construcción de un mundo en el que se acojan y vivan los valores del Reino. Para Pacem in Terris, existen condiciones y actitudes, las llama “virtudes morales y valores del espíritu”, en la vida del cristiano y cristiana para que ese orden justo sea posible. Los laicos y laicas requerimos “necesariamente como fundamento la verdad; como medida, la justicia; como fuerza impulsora, la caridad, y como hábito normal, la libertad.”
Nos convoca a una coherencia entre fe y vida. “Es también un hecho evidente que, en las naciones de antigua tradición cristiana, las instituciones civiles florecen hoy con un indudable progreso científico y poseen en abundancia los instrumentos precisos para llevar a cabo cualquier empresa; pero con frecuencia se observa en ellas un debilitamiento del estímulo y de la inspiración cristiana.” “Hay quien pregunta, con razón, cómo puede haberse producido este hecho. Porque a la institución de esas leyes contribuyeron no poco, y siguen contribuyendo aún, personas que profesan la fe cristiana y que, al menos en parte, ajustan realmente su vida a las normas evangélicas. La causa de este fenómeno creemos que radica en la incoherencia entre su fe y su conducta. Es, por consiguiente, necesario que se restablezca en ellos la unidad del pensamiento y de la voluntad, de tal forma que su acción quede animada al mismo tiempo por la luz de la fe y el impulso de la caridad.
Finalmente, con el riesgo de haber sintetizado demasiado y haber dejado de lado aspectos importantes de esta Encíclica pero en el entendido que todos y todas, en esta IX Semana Social, la han estudiado con detalle. El Papa del Concilio, Juan XXIII nos llama a “una tarea gloriosa y necesaria”: “ la de establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad: primero, entre los individuos; en segundo lugar, entre los ciudadanos y sus respectivos Estados; tercero, entre los Estados entre sí, y, finalmente, entre los individuos, familias, entidades intermedias y Estados particulares, de un lado y de otro, la comunidad mundial. Tarea sin duda gloriosa, porque con ella podrá consolidarse la paz verdadera según el orden establecido por Dios.” “Porque es sobremanera necesario que en la sociedad contemporánea todos los cristianos sin excepción sean como centellas de luz, viveros de amor y levadura para toda la masa. Efecto que será tanto mayor cuanto más estrecha sea la unión de cada alma con Dios.”
A eso estamos convocados, a construir un orden justo, en la encrucijada de nuestra época, en circunstancias distintas a aquellas en la que nuestro Papa del Concilio Vaticano II, escribió esta Encíclica que nos deslumbra por su fecunda actualidad.

Referencias

1. Karl Rahner, Concern for the Church, Crossrad, Nueva York, 1981, pp. 77 y 78.
2. La intuición profética del nuncio papal Angelo Roncali, luego Papa Juan XXIII, sobre este tema cardinal, y la influencia de la Declaración en el Concilio Vaticano II es muy significativa en la investigación histórica más seria. Ver Mary Ann Glendon, A
World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, Random House: Nueva York, pp.132 y 217.
3. Ver Mary Ann Glendon, “The Forgotten Crucible: The Latin American influence on the Universal Human Rights Idea”, en Harvard Human Rights Journal, Volume Sixteen, Spring, Boston: 2003, pp. 27 a 39.

 

La justicia en la Pacem in Terris

Un nuevo orden en las relaciones civiles

Los derechos del hombre

Los deberes del hombre

Un nuevo orden en las relaciones políticas

Un nuevo orden en las relaciones internacionales

Una nueva autoridad pública mundial

La acción de nosotros los cristianos para lograr la justicia

Referencias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camagüey del 17 al 21 de noviembre de 2004