El pasado 11 de abril de 2002,
fue aprobada definitivamente la creación de una Corte Penal Internacional
(CPI), para juzgar los crímenes de agresión, genocidio
y crímenes contra la humanidad. El 17 de julio de 1998 se había
aprobado en Roma la creación de una Corte, así como su
Estatuto, conocido también como Estatuto de Roma, y el mismo
entraría en vigor cuando 60 países ratificaran su aceptación.
Entre los aspectos más positivos podemos mencionar su carácter
permanente; la creación de una Dependencia de víctimas
y testigos; el que se niegue cualquier tipo de inmunidad, incluida la
de los jefes de Estado y de Gobierno; el que la Fiscalía pueda
iniciar sus investigaciones de oficio; la posibilidad de que el Consejo
de Seguridad pueda someter a la Fiscalía de la Corte situaciones
en las que se hayan producido crímenes internacionales, aún
cuando el Estado en el que se han cometido o el de la nacionalidad del
criminal no haya ratificado el Estatuto; las aceptables garantías
penales y procesales de los sospechosos y de los acusados de cometer
crímenes; la imposibilidad de que la Corte pueda dictar penas
de muerte y, la posibilidad de revisar las penas si se dan las circunstancias
adecuadas.
Sin embargo, su Estatuto también presenta aspectos mejorables
como la posibilidad de que el Consejo de Seguridad pueda suspender las
investigaciones; el que se permita a los estados aplazar siete años
la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes de guerra;
las limitaciones previstas en determinados crímenes, y la posibilidad
de que se pueda alegar como defensa las órdenes superiores en
los crímenes de guerra.
La CPI es la primera institución judicial internacional permanente
con competencia para juzgar crímenes internacionales. Con anterioridad,
han existido otros tribunales penales internacionales, pero creados
para juzgar crímenes cometidos en determinadas circunstancias.
Por ejemplo, los tribunales militares internacionales de Nuremberg y
de Tokio, encargados de enjuiciar crímenes de guerra cometidos
durante la Segunda Guerra Mundial por Alemania y Japón, respectivamente.;
y más recientemente, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas creó dos tribunales específicos, para enjuiciar
los crímenes internacionales cometidos en la antigua Yugoslavia
desde 1991 y en Rwanda a lo largo de 1994 .
Tanto para la aprobación del Estatuto de Roma, como para su posterior
ratificación, varias Organizaciones no Gubernamentales internacionales
jugaron un importante papel como promotores del proyecto, buscando la
toma de conciencia de la necesidad del tribunal y el consenso de personas,
grupos y gobiernos. Entre ellas se destacaron Amnistía Internacional
y la Coalición por la Corte Internacional que integra varias
organizaciones importantes de defensa de los Derechos Humanos en el
mundo entero.
Características generales
de la CPI
Con arreglo al Estatuto de la Corte Penal Internacional (en adelante
«el Estatuto»), ésta se caracterizará por
ser una institución de carácter permanente, subsidiaria
de las jurisdicciones penales nacionales, dotada de personalidad jurídica
internacional y vinculada a Naciones Unidas.
Carácter permanente
A diferencia de los cuatro tribunales internacionales ad hoc que se
han establecido hasta la fecha, la CPI será una institución
permanente. Esta vocación de permanencia presenta ventajas evidentes.
Así, su existencia contribuirá a que los crímenes
sometidos a su jurisdicción no queden impunes y puede ser un
elemento de disuasión a la hora de cometerlos. Además,
la existencia de un tribunal permanente es más justa y equitativa
que la creación de tribunales ad hoc, pues que éstos se
originen responde a una decisión política del Consejo
de Seguridad y, si no existe voluntad de crearlos, seguirán quedando
impunes determinados crímenes internacionales.
Sin embargo, su nacimiento tampoco será una panacea pues, como
veremos más adelante, la Corte va a tener graves dificultades
para juzgar crímenes internacionales cometidos en el territorio
de estados que no son parte de su Estatuto o por nacionales de estos
estados.
Subsidiariedad
Tal y como indica el artículo 1 del Estatuto, la Corte será
complementaria a las jurisdicciones penales nacionales.
Como veremos, los estados tendrán preferencia para investigar
y enjuiciar los crímenes sometidos a la jurisdicción de
la Corte, por lo que la competencia de la Corte es subsidiaria. Este
hecho la diferencia de los tribunales internacionales para la antigua
Yugoslavia y para Rwanda que, aunque no niegan la competencia de otros
tribunales nacionales, tienen preferencia sobre las jurisdicciones de
todos los demás estados (art. 9 del Estatuto del Tribunal Internacional
Penal para la antigua Yugoslavia (en adelante TPY) y art. 8 del Estatuto
del Tribunal Internacional Penal para Rwanda (en adelante TPR).
Estatuto internacional
La Corte gozará de personalidad jurídica internacional
y tendrá capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones
y el cumplimiento de sus propósitos (art. 4). Esta institución
estará relacionada con Naciones Unidas a través de un
acuerdo establecido por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto
de la CPI y concluido por el presidente de la Corte en su representación
(art. 2).
Estructura y organización
de la Corte
Con arreglo al artículo 34 del Estatuto, la Corte se compone
de cuatro órganos: dos judiciales –la Presidencia y las
Salas– y dos no judiciales –la Oficina del Fiscal y el Registro.
Los magistrados
La Corte strictu sensu estará compuesta por un número
de 18 jueces elegidos por la Asamblea de los Estados Partes por un período
improrrogable de nueve años (arts. 36.1, 36.6 y 36.9). La Asamblea
de los Estados Parte, a propuesta de la presidencia del Tribunal, puede
aumentar el número de jueces si se considera necesario y apropiado
(art. 36.2). De entre estos magistrados, se designará una presidencia
compuesta por un presidente y dos vicepresidentes, elegidos todos ellos
por los jueces que componen la Corte, siendo elegidos por un período
de tres años y reelegibles por otros tres más.
Los candidatos a jueces deberán ser personas de gran autoridad
moral, imparcialidad e integridad y poseer las cualificaciones necesarias
en sus respectivos estados para el ejercicio de las más altas
funciones judiciales. Asimismo, deberán ser expertos en derecho
penal y procesal o en áreas relevantes de derecho internacional
tales como el derecho humanitario o la protección internacional
de los Derechos Humanos (art. 36.3).
Al elegir los jueces, los estados tendrán en cuenta la necesidad
de que se dé una representación de los principales sistemas
jurídicos del mundo, una representación geográfica
equitativa y una representación equilibrada de hombres y mujeres,
así como la necesidad de contar con jueces especializados en
temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres
y los niños (art. 36.8). Estos dos últimos requisitos
constituyen importantes e interesantes novedades, pues supone la primera
vez que se tiene en cuenta la perspectiva de género en la configuración
de órganos internacionales.
Para el ejercicio de sus funciones, la Corte se estructura en tres Salas:
a)Una Sala de Cuestiones Preliminares compuesta por no menos de seis
jueces. Entre sus funciones destacan las de autorizar o denegar el inicio
de las investigaciones, dictar órdenes de prisión provisional
y confirmar los cargos de los acusados antes del juicio.
b)Una Sala de Primera Instancia, compuesta por no menos de seis jueces
y encargada de enjuiciar a los presuntos criminales.
c)Una Sala de Apelaciones, compuesta por el presidente de la Corte y
otros cuatro jueces, encargada de resolver los recursos interpuestos
contra las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares y las sentencias
de la Sala de Primera Instancia.
La Fiscalía
Junto a los magistrados, se configura como un órgano independiente
de la Corte la Oficina del Fiscal, que será la encargada de recibir
denuncias e informaciones sobre crímenes, de examinarlos y de
llevar las investigaciones ante la Corte. La oficina estará liderada
por un fiscal, quien contará con la asistencia de uno o más
tenientes fiscales (arts. 42.1 y 42.2).
Tanto el o la fiscal como los tenientes fiscales serán elegidos
por la Asamblea de los Estados Partes entre personas de alta autoridad
moral, elevada competencia y una gran experiencia práctica en
la persecución o enjuiciamiento de casos penales. Salvo que se
decida establecer un período más corto en el momento de
su elección, ejercerán sus funciones por un período
de nueve años y no podrán ser reelegidos (arts. 42.3 y
42.4).
El Registro
El Registro será el órgano encargado de los asuntos no
judiciales de la Corte, sin perjuicio de las funciones de la Oficina
del Fiscal. En nuestra opinión, lo más relevante de este
órgano es que contará en su seno con una Dependencia de
Víctimas y Testigos (art. 43) responsable de adoptar medidas
de protección y dispositivos de seguridad y prestar asesoramiento
y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan
ante el Tribunal y a otras personas que estén en peligro en razón
del testimonio prestado.
Jurisdicción
Jurisdicción rationae loci: Como regla general, la
Corte es competente para juzgar los crímenes cometidos en el
territorio de un Estado Parte y los cometidos en cualquier lugar por
nacionales de un Estado Parte (art. 12.2). Sin embargo, existe la posibilidad
de que la Corte pueda juzgar crímenes cometidos en el territorio
de estados que no son parte de su Estatuto o por nacionales del Estado
en cuestión en dos supuestos previstos en el artículo
14:
a)cuando los presuntos crímenes son sometidos a la fiscalía
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando en virtud
del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, esto es,
cuando califica una situación como una agresión, una amenaza
a la paz y la seguridad internacionales o un quebrantamiento de la paz
y la seguridad internacionales;
b)Cuando el Estado afectado, mediante una declaración ad hoc,
acepta la jurisdicción de la Corte respecto a presuntos crímenes
cometidos en su territorio o por nacionales suyos.
Jurisdicción rationae personae
Con relación a las personas que pueden ser enjuiciadas por la
Corte, éstas deben cumplir los siguientes requisitos:
a)ser persona física (art. 25). En consecuencia, las personas
jurídicas no pueden ser juzgadas por laCorte;
b) ser mayor de 18 años (art. 26);
c) no haber sido juzgado anteriormente por el mismo delito (non bis
in ídem), salvo que el juicio en cuestión tuviera la finalidad
de proteger a la persona de responsabilidad criminal por crímenes
sometidos a la jurisdicción de la Corte o que el juicio no se
hubiera desarrollado de forma independiente e imparcial con arreglo
a las normas del derecho internacional (art. 20).
Por otra parte, el Estatuto se aplica a toda persona con independencia
de su cargo. En particular, la inmunidad bajo el derecho nacional o
internacional de los jefes de Estado o de Gobierno, miembros de un Gobierno
o Parlamento no impedirán a la Corte ejercer su jurisdicción
(art. 27).
Jurisdicción rationae temporis
La Corte sólo tiene jurisdicción respecto a los crímenes
cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto o con
posterioridad a la fecha en que el Estatuto entra en vigor para un Estado
(arts. 11 y 24.1). Sin embargo, se permite a los estados excluir la
competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra cometidos
en su territorio o por sus ciudadanos durante un período no renovable
de siete años después de la entrada en vigor del Estatuto
con respecto al Estado en cuestión (art. 124), con lo cual, el
papel de la Corte puede quedar desvirtuado, aunque dudamos que haya
estados que hagan uso de esta opción.
Crímenes sometidos a la jurisdiccción
de la Corte
El artículo 5 del Estatuto afirma que la Corte extenderá
su jurisdicción sobre «los más graves crímenes
que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto», entendiendo
por tales el crimen de genocidio, los crímenes contra la humanidad
y los crímenes de guerra, así como la agresión.
No obstante, la Corte sólo podrá ejercer su competencia
sobre la agresión cuando se haya modificado el Estatuto, lo cual,
como veremos más adelante, es muy difícil de lograr.
En relación con estos crímenes son responsables criminalmente
los autores, quienes ordenan, solicitan o inducen a cometerlos; quienes
facilitan o colaboran en su ejecución y, en el caso del genocidio,
quienes incitan directa y públicamente a otros a cometerlo. Por
otra parte, existe responsabilidad criminal por la consumación
del crimen y por la tentativa de cometerlo, salvo que quien intente
cometer un crimen abandone completamente y voluntariamente su intento
(art. 25).
Desarrollo de la investigación
El inicio y el desarrollo de las investigaciones corresponde a la Fiscalía
de la CPI, la cual puede investigar las denuncias de crímenes
no sólo a partir de la información sometida por el Consejo
de Seguridad y los estados partes, sino también con datos procedentes
de víctimas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otra
fuente fiable (art. 15). Este aspecto es en nuestra opinión fundamental,
pues es probable que los estados y el Consejo de Seguridad sean reticentes
a someter cuestiones a la Corte.
Antes de iniciar una investigación, la Fiscalía debe analizar
la seriedad de la información recibida y puede buscar información
adicional. La investigación puede ser realizada directamente
por la Fiscalía o encargada a un Estado Miembro.
Derechos procesales de los sospechosos
y de los acusados
El Estatuto de la CPI contempla la protección de los derechos
de los sospechosos durante la investigación (art. 55) así
como de los acusados (arts. 65-67). En lo relativo a los primeros, toda
persona sospechosa de haber cometido un crimen tiene garantizados los
siguientes derechos: a) a no ser obligada a declarar contra sí
misma y a no confesarse culpable; b) a no ser sometida a forma alguna
de coacción, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
c) a la asistencia gratuita de un intérprete si es interrogada
en una lengua que no habla o no comprende; d) a no ser sometida a arresto
o detención arbitrarios; e) a ser informada de que existen motivos
para creer que ha cometido un crimen; f) a guardar silencio, sin que
ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad
o inocencia; g) a asistencia legal de la persona que elija y, si no
designa defensor, a que se le asigne uno de oficio cuando los intereses
de la justicia lo exijan; h) a ser interrogada en presencia de su defensor,
a ser escuchada antes de confirmar los cargos y a ser informada de las
pruebas que la Fiscalía se propone presentar en la audiencia.
Por otra parte, toda persona acusada tiene garantizados los siguientes
derechos fundamentales: a) a ser considerada inocente hasta que se demuestre
su culpabilidad más allá de toda duda razonable; b) a
ser informada sin demora y en forma detallada de los cargos de los que
se le acusa en una lengua que hable y comprenda; c) a disponer del tiempo
y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y
a comunicarse libremente con su defensor; d) a ser juzgada sin dilaciones
indebidas; e) a hallarse presente en la confirmación de cargos,
en el juicio y, en su caso, en la práctica de pruebas anterior
al juicio; a defenderse por sí misma o con la asistencia de un
defensor elegido libremente y, en caso de no tenerlo, a ser informado
del derecho que le asiste y a que se le designe un defensor de oficio
si los intereses de la justicia lo requieren; f) a interrogar o hacer
interrogar a los testigos de cargo y a hacer que se estudien los testimonios
a su favor en igualdad de condiciones que los que se presenten en su
contra; g) a la asistencia gratuita de un intérprete cuando se
presenten pruebas y documentos en una lengua que no hable o no comprenda;
h) a no declarar contra sí mismo y a permanecer en silencio,
sin que ello sea considerado en la determinación de su culpabilidad
o de su inocencia; i) a realizar un alegato oral o escrito en su defensa;
j) a ser informada por la fiscalía de las pruebas que indiquen
o tiendan a indicar su inocencia o puedan afectar a la credibilidad
de las pruebas de cargo.
Penas
El Estatuto permite que la Corte imponga penas de reclusión
a perpetuidad o por un número determinado de años no superior
a treinta y, como penas accesorias, también puede imponer multas
u órdenes de decomiso (art. 77). Por lo tanto, la pena de muerte
está prohibida, a diferencia de lo que ocurrió con el
Tribunal de Nuremberg. Las sentencias dictadas por la Corte tienen el
valor de cosa juzgada y, en consecuencia, ninguna persona puede ser
juzgada por un tribunal estatal por un hecho por el cual haya sido condenada
o absuelta por la CPI (art. 20.2).
Al establecer la sentencia, la Corte debe tener en cuenta factores tales
como la gravedad del crimen y las circunstancias individuales del criminal.
Por otra parte, al interpretar los crímenes establecidos en el
Estatuto, no puede aplicar la analogía en contra del presunto
criminal, debiendo interpretarse en caso de ambigüedad a favor
de la persona que esta siendo investigada, procesada o condenada (art.
22.2).
Además de imponer penas, la Corte cuenta con amplios poderes
para ordenar que las personas condenadas indemnicen a las víctimas,
pudiendo esta indemnización consistir en la restitución,
compensación y rehabilitación (art. 75.2).
Debido a que en algunos estados está prohibida la pena de cadena
perpetua, se establece que la Corte puede reducir las penas cuando la
persona haya cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta o
25 años de prisión en caso de cadena perpetua (art. 110.3).
Para que pueda producirse esta reducción de la condena, la Corte
deberá tomar en consideración criterios como la voluntad
de la persona de cooperar con la Corte u otros factores que muestren
un cambio de las circunstancias suficiente para justificar la reducción
de pena.
Respecto a las circunstancias que pueden eximir de la responsabilidad
penal, éstas hacen referencia al la salud mental, a la legítima
defensa, a la coacción extrema y a las órdenes superiores
(arts. 31 y 33).
Enmiendas
El estatuto admite enmiendas y éstas pueden presentarse siete
años después de la entrada en vigor del Estatuto. Las
enmiendas de carácter institucional deberán ser aprobadas
por una mayoría de dos tercios y, las que no sean de este carácter,
deben ser aprobadas por siete octavos de los estados partes para su
entrada en vigor (arts. 121 y 122).
Valoración
La aprobación del Estatuto de la CPI, aun cuando todavía
no ha entrado en vigor, constituye un hito histórico en el derecho
internacional. Esta institución, cuando sea creada, constituirá
un elemento de disuasión para la comisión de crímenes
internacionales y, aunque no constituya una panacea, contribuirá
a evitar que estos crímenes queden impunes.
Entre los aspectos más positivos podemos mencionar su carácter
permanente; la creación de una Dependencia de víctimas
y testigos; el que se niegue cualquier tipo de inmunidad, incluida la
de los jefes de Estado y de Gobierno; el que la Fiscalía pueda
iniciar sus investigaciones de oficio; la posibilidad de que el Consejo
de Seguridad pueda someter a la Fiscalía de la Corte situaciones
en las que se hayan producido crímenes internacionales, aún
cuando el Estado en el que se han cometido o el de la nacionalidad del
criminal no haya ratificado el Estatuto; las aceptables garantías
penales y procesales de los sospechosos y de los acusados de cometer
crímenes; la imposibilidad de que la Corte pueda dictar penas
de muerte y, la posibilidad de revisar las penas si se dan las circunstancias
adecuadas.
Sin embargo, su Estatuto también presenta aspectos criticables
como la posibilidad de que el Consejo de Seguridad pueda suspender las
investigaciones; el que se permita a los estados aplazar siete años
la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes de guerra;
las limitaciones previstas en determinados crímenes como, por
ejemplo, el de persecución de un grupo identificable o la utilización
de armas prohibidas; y en fin, la posibilidad de que se pueda alegar
como defensa las órdenes superiores en los crímenes de
guerra, aun cuando se exijan ciertas circunstancias.
Hemos tomado como referencia el artículo “La corte Penal
Internacional”, de Xabier Deop Profesor asociado de Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández.
Barcelona, España, tomado de revista cidob d’afers internacionals,
51-52, diciembre 2000-enero 2001, en www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/51-52deop.html.
En este trabajo el profesor Deop describe en esencia la competencia
y el funcionamiento de la Corte.
