El debate de Contrapunto…
El número 1 de la revista Contrapunto de América Latina invita a un debate en cada edición. Nos parece excelente idea y mejor aporte a la cultura de la diversidad y el pluralismo que necesitamos todos y todas. En este primer número el tema, propuesto por su Editor, el Sr. Santiago Belloch, abre una puerta para el diálogo, y por qué no, a la dialéctica entre Democracia y Estado de Derecho. Vitral también invita a sus lectores a participar en este y otros debates y ofrece su espacio de Opinión para continuarla. Para comenzar, nuestro Director presenta su propia opinión sobre tan esencial temática. Y para que otros puedan hacer su propio análisis, comenzamos publicando íntegramente el artículo que abrió el debate.
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La crisis de las Naciones Unidas y la violenta entrada en vigor del concepto de guerra preventiva debería hacernos reflexionar sobre la permanencia de algunos elementos considerados inamovibles durante las últimas décadas. La necesidad de esa reflexión se acentúa si observamos la tendencia, en mi opinión discriminatoria, de juzgar al mundo desde la cultura occidental. Esa especie de singular etnocentrismo, asumido sin críticas por la inmensa mayoría, permite juzgar a todos los países y a todas las culturas desde un conjunto de normas, prioridades y principios nacidos en el occidente desarrollado. Nuestro concepto básico, la Democracia, se ha convertido en el bien absoluto, en el dogma que mide la maldad o bondad de países y gobernantes, en la excusa para definir ejes del bien y del mal, en la justificación moral de guerras que no pocas veces coinciden con intereses estratégicos de los países más poderosos.
La Democracia se constituye, desde esa lectura, en el tótem, en el arcano que define a la tribu. La cuestión estriba en decidir si la cultura de nuestra tribu, la cultura democrática, es exigible en nuestros propios términos al conjunto de las naciones. No se puede imaginar una Europa en la que todos y cada uno de sus miembros no sea una democracia plena. Desde nuestra cultura el único criterio que permite homologar a un país es su carácter democrático, el riguroso funcionamiento de la soberanía de los ciudadanos y de los estrictos órganos de control que regulan el sistema. Lo mismo puede afirmarse del continente americano, aunque en determinadas áreas sea necesario iniciar el camino de los matices y los acentos propios ¿Cómo afrontar la lectura de la realidad política en continentes como África o Asia? ¿Debe asumirse que la única forma de gobierno homologable es la Democracia tal como la entendemos en occidente? ¿Debemos mantener la ficción de que países de corte claramente autoritario, sin seguridad jurídica y con procesos electorales intervenidos son democracias? Es razonable plantearse donde fijar los límites de la ficción para asomarse sin complejos a la realidad.
Hay quien cree, no pocos de ellos demócratas convencidos, que la Democracia, además de un sistema de gobierno, es una cultura, una forma de entender la vida que exige determinadas condiciones para que sea viable y, en especial, para que resulte útil para los pueblos. Desde esa posición la Democracia no sería un bien absoluto, sino la consecuencia directa, e incluso inevitable, de determinadas circunstancias históricas, culturales, económicas y sociales. Esa lectura del significado de Democracia implicaría la necesidad de buscar otro referente más estable, menos cultural, para las relaciones entre los países y para la convivencia de los ciudadanos dentro de cada país.
No es raro que la comunidad internacional tenga que ser testigo de la homologación como “país adecuado” de democracias que no tienen de ese sistema de gobierno más que determinadas coincidencias formales. No es ajeno a la arbitrariedad del conjunto el hecho de que determinados países se hayan atribuido, por razón de fuerza, la condición de árbitro y garantes de la pureza democrática de un pueblo. Se hace difícil creer que Europa, el presidente Bush, o cualquier otro, tengan el derecho inviolable de decidir qué país es demócrata y cuál autoritario, qué pueblo merece el respeto y el apoyo de la comunidad internacional y cuál debe ser arrojado al desierto donde moran los apestados y los lobos.
La crisis de la ONU está, en mi opinión, directamente relacionada con la que podríamos llamar crisis de las certezas. No corren tiempos para los dogmas y cada vez es más frecuente que los pueblos luchen por encontrar su voz desde su propia cultura. Sin embargo, parece obvio que es imposible participar en un juego común sin marcar, con la aceptación de todos, un terreno, un modelo y unas reglas de juego. Si el concepto de Democracia pierde su valor absoluto y se asume como valor deseable ¿cuál puede ser el refugio de esas normas? ¿Dónde podemos encontrar un dogma sensato y habitable por todas las culturas?
Podemos optar por ampliar el concepto de Democracia hasta desnaturalizarlo. Ese es el camino que proponen no pocos dentro de los poderosos. La vara de medir se hace elástica hasta perder su valor de norma. Los aliados estratégicos adquieren su sello democrático como quien compra en un mercado. Los enemigos, los adversos, los inquietos, sufren las amenazas y presiones, además del desprecio, de los líderes homologados de la comunidad internacional. La elasticidad se convierte en arbitrariedad y los valores reales de la cultura democrática se devalúan a los ojos de los ciudadanos y de los pueblos. Ser demócrata, o no, debería estar por encima de criterios de utilidad estratégica para los grandes.
En esa cultura azarosa de las relaciones de los pueblos se genera una poderosa corriente de escepticismo que en nada puede beneficiar a la comunidad internacional ni a la extensión de una verdadera cultura democrática. En mi opinión la Democracia es lo que es y no lo que conviene en un momento dado a los países más poderosos de la Tierra. Conceptos tan sencillos como “una persona, un voto”,”no hay nadie por encima de la Ley”,” nadie puede ser discriminado por razones de sexo, raza religión o ideas”, la separación entre Religión y Estado, o “la soberanía procede de los ciudadanos” no admiten excesos de elasticidad sin pervertir su naturaleza.
Tengo la convicción, a pesar de lo dicho, de que es imprescindible para las relaciones entre los pueblos y para la convivencia de los ciudadanos dentro de un país, establecer un manual de normas que esté más allá de los criterios culturales o personales. Ese manual de normas debería tener valor para cualquiera de las culturas, de las etnias o de las formas de entender la vida en cualquier parte del mundo. Ese “contrato cívico” sería exigible por todos y para todos. Más allá de los fundamentalismos y de cierta tendencia social al maximalismo puede convenir explorar un territorio común: el de los mínimos. Quizá haya llegado la hora de profundizar en un concepto primario: el Estado de Derecho de sus países miembros, más allá de su pureza democrática o de su forma de gobierno. Todo Estado de Derecho debería recibir la protección de la ONU y, en consecuencia la plena garantía de la comunidad internacional.
Creo que, para abrir el debate, podría convenir una primera aproximación a ese acuerdo de mínimos que he llamado “contrato cívico”. La definición de un Estado de Derecho, la homologación internacional de un país, pasaría por el respeto pleno y activo a tres condiciones básicas: la separación de poderes, las garantías jurídicas y el acatamiento activo a la Carta Universal de los Derechos Humanos asumida por la ONU.
En la primera condición, la cuestión crítica no es el proceso de elección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino la independencia de cada uno de ellos y su capacidad de control efectivo contra el abuso de poder de los otros dos.
En la segunda no se juzgaría el contenido del cuerpo legal y normativo de un país, sino su aplicación general, la no existencia de discriminaciones, el que nadie esté por encima de la Ley y que nadie pueda ser juzgado o acosado si la cumple. En resumen que existan unas reglas del juego, garantizadas por los poderes públicos, que a todos obliguen por igual.
En la tercera se marcan los límites a que se obligan las leyes nacionales y la actuación de los poderes públicos: el respeto activo al espíritu y a la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Creo que es hora de afrontar con seriedad, respeto y realismo la elaboración de un escenario global de convivencia entre los ciudadanos y los pueblos que partan de la percepción de una cultura dominante que defina un territorio de mínimos y que pueda ser exigible, sin matices ni paliativos, en el marco de una Sociedad de Naciones con la autoridad y fuerza necesarias para cumplir sus obligaciones.
