Pocas piezas homiléticas del Cardenal Tarancón son al propio tiempo tan significativas y tan representativas, como la pronunciada con motivo de la Misa del Espíritu Santo con que el rey Don Juan Carlos inauguró su misión en la jefatura del Estado.
La circunstancia histórica que el pueblo español atravesaba estaba llena de incertidumbres. Acababa de fallecer el hombre que, con plenos poderes, había gobernado a España durante casi cuatro décadas. No fueron pocos los españoles que en aquellas jornadas de noviembre de 1975, se acercaron, con respeto y aún con temblor, a despedirse del hombre que mayor poder había concentrado en su persona en toda la historia de España.
Había sonado la hora del cambio histórico. Don Juan Carlos juró su función de rey ante las mismas Cortes orgánicas que habían constituido pieza del montaje institucional del poder personal periclitado.
Justamente, en la medida en que ese poder había sido excepcional, el vacío de su ausencia era también un vacío excepcional.
Los españoles, ajenos en su inmensa mayoría a una adscripción política concreta, experimentaban la sensación de vacío con temor. Aunque nuevas generaciones habían entrado en escena, todavía se hallaban vigentes aquellas otras que protagonizaron la guerra civil iniciada en 1936. Vistas las cosas desde la perspectiva actual, es evidente que un régimen personal no puede durar más allá de la vida de su fundador. Pero, durante muchos años, generaciones de españoles habían recibido el mensaje de que las instituciones creadas por el general Franco sustituirían a éste, cuando sobrevinieran las llamadas previsiones sucesorias. Cumplidas éstas, para un grupo de españoles se abría el horizonte esperanzado de la recuperación de la soberanía popular y de la ciudadanía personal. Pero, para todos la hora incierta de la transición estaba preñada de temores, de cautelas y, sobre todo, de una memoria histórica estimulante para unos, paralizadora para otros.
Tal fue el clima en que, en una mañana de noviembre de 1975, tiene lugar la Misa del Espíritu Santo en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. Televisión Española trasmitiría la misa y la homilía del Cardenal en directo. En muy raras ocasiones, los españoles hemos prestado oído tan atento a la palabra, como el que prestamos a las que salieron de labios del Cardenal en aquella ocasión insigne.
No es difícil encontrar las fuentes de inspiración de las palabras del cardenal. En primer lugar, todas ellas estaban llenas de la palabra misma, de la palabra por antonomasia. Pero esa palabra eterna y revelada en Cristo, había adquirido una dimensión social nueva a partir del gran Papa Juan XXIII y de la conciliación de la Iglesia con el mundo que tuvo lugar en el Concilio por aquel Papa convocado. Las palabras del cardenal son portadoras de ideas que nacen, al mismo tiempo en la razón y en el corazón, ideas que la Iglesia universal había acertado a condensar en dos grandes documentos: la Encíclica del Papa Juan XXIII Pacem in Terris y la Constitución Conciliar Gaudium et Spes.
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Con el rey Juan Carlos I, durante su visita al Colegio Pontificio de San José(12 de febrero de 1977). |
Quien relea ahora las palabras pronunciadas entonces por el cardenal advertirá una tercera coincidencia. El cardenal, que no pide privilegio para la Iglesia, sino la libertad que proclama para todos, acuña conceptos que, tres años después, florecieron en la Constitución de la concordia de los españoles.
La homilía del Cardenal es el compendio, para uso de españoles, de la mejor doctrina universal de la Iglesia. “Los creyentes sabemos que aunque Dios ha dejado el mundo a nuestra propia responsabilidad y a merced de nuestro esfuerzo y nuestro ingenio, necesitamos de él para acertar en nuestra tarea; sabemos que aunque es el hombre el protagonista de su historia, difícilmente podrá construirla según los planes de Dios que no son otros que el bien de los hombres, si el Espíritu no nos ilumina y fortalece…”
Dos son las ideas que subyacen a estas palabras. De una parte, se proclama el antropocentrismo de la creación. Todo ha sido creado para el hombre y el hombre, creado por Dios desde su constitutiva libertad. La otra idea es el respeto al principio de autonomía de lo temporal. Dios ha dejado el mundo a nuestra propia responsabilidad y merced.
El Concilio había expresado ideas similares en estos términos: “Es la persona del hombre a la que hay que salvar; es la sociedad humana la que hay que renovar; es, por consiguiente, el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, el centro de todas las enseñanzas que va a seguir. Al proclamar el Concilio la altísima condición del hombre y la semilla divina que en él se oculta, ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la fraternidad universal que responda a esa vocación.” (G.S. nº. 3). Y por lo que toca al principio de autonomía del quehacer público, la misma Constitución (números 17, 19, 21 y 34) extrae la consecuencia de que de las raíces de la dignidad y de libertad se sigue el valor específico y la legítima autonomía de la actividad humana en el mundo.
Las conquistas logradas por el hombre no se oponen al poder de Dios. Son signo de la grandeza de Dios: “Cuanto más se acrecienta el poder del hombre más se amplía su responsabilidad individual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone como deber el hacerlo”.
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Cardenal Vicente Enrique Tarancón en
audiencia con Franco,
26 de mayo de 1969. |
En la hora solemne de la Misa del Espíritu Santo en la Iglesia de San Jerónimo el Real, el cardenal manifiesta al rey: “Los miembros de la Iglesia de España son también miembros de la comunidad nacional y sienten muy viva su responsabilidad como tales. Saben que su tarea de trabajar como españoles y de orar como cristianos son dos tareas distintas, pero en nada contrapuestas y en mucho coincidentes. La Iglesia, que comprende, valora y aprecia la enorme carga que en este momento echáis sobre vuestros hombros, y que agradece la generosidad con que os entregáis al servicio de la comunidad nacional, no puede, no podría en modo alguno, regatearos su estima y su oración”.
Es cierto que el plano de lo temporal es autónomo, que se gobierna a sí mismo por sus propias leyes. Pero no lo es menos que todos los planes que convergen en el hombre tienen un último punto de coincidencia en el Creador. Por eso, el cristiano, que vive como ciudadano los problemas que atañen a la comunidad temporal en que se integra, no dimite ni puede dimitir de su tarea de trabajar como español, como tampoco olvida ni puede olvidar su deber de impetrar la asistencia del Espíritu en la más noble de las funciones humanas, que es la de vivir la propia vida como holocausto o entrega a la vida de los semejantes.
El Cardenal vio, con diáfana claridad desde el primer momento, que a la sucesión abierta por la muerte del anterior jefe del Estado estaban llamados, sin excepción alguna, todos los españoles. “Tomáis las riendas del Estado en una hora de tránsito, después de muchos años en que una figura excepcional, ya histórica, asumió el poder de forma y en circunstancias extraordinarias. España, con la participación de todos y bajo vuestro cuidado, avanza en su camino y será necesaria la colaboración de todos, la prudencia de todos, el talento y la decisión de todos para que sea el camino de la paz, del progreso, de la libertad y del respeto mutuo que todos deseamos.”
En esta apretada síntesis, el cardenal evoca conceptos tales como el de igualdad básica o esencial, el de igualdad fundamental, el de la actividad de solidaridad, el del respeto mutuo y, sobre todo, el de la concurrencia de todos, sin exclusión de nadie.
El Cardenal había visto, con diáfana claridad desde el primer momento, que la sucesión abierta por la muerte del general Franco confería la plenitud de la responsabilidad histórica al pueblo español, devolvía a éste su propia soberanía, bajo el cuidado del rey.
Avance el lector tres años y, tras haber escuchado de nuevo la síntesis programática del Cardenal, relea los primeros artículos de la Constitución española: “España se constituye en un estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
No es frecuente que una Constitución proclame, como elemento fundante de ella misma, determinados valores. Así lo ha hecho la Constitución española y, entre esos valores superiores, rango singular a la libertad, a la justicia, a la igualdad y al pluralismo. Y esa misma Constitución, al conformar el Estado, predica del rey que es su jefe, símbolo de su unidad y permanencia, y dice de él que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
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En Burriana, su villa natal, tras
haber sido nombrado cardenal. |
El estímulo a la voluntad de participar, por parte de todos, en los esfuerzos comunes y dentro de ellos y de forma muy especial, en los de índole política, había sido ya proclamado en la Constitución Gaudium et Spes. “El Concilio alaba la conducta de aquellas naciones en la que la mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida política.”
Cuando el Cardenal evoca, después de asegurar al rey que los cristianos vivirán como ciudadanos el trabajo del esfuerzo colectivo y como creyentes el de la oración, el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en que un paralítico tiende la mano a San Pedro, el cardenal traslada el relato a la Iglesia y dice: “Son muchos los que tienden la mano hacia ella pidiéndole lo que la Iglesia no tiene ni es misión suya dar porque no dispone de nada de eso. La Iglesia sólo puede dar mucho más: el mensaje de Cristo y la oración.”
“Es de suma importancia (Gaudium et Spes nº. 46), sobre todo allí donde existe una sociedad plural, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos, de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores… La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada al sistema político alguno es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana… La Comunidad política y la Iglesia son independientes, autónomas, cada una en su propio terreno.”
El eco que el Concilio encuentra en las palabras del cardenal, en un momento de trascendencia histórica indudable y especialmente importante para la pedagogía del pueblo es el siguiente:
“La Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderías, está usurpándolo manifiestamente.”
“La Iglesia, en cambio, sí debe proyectar la palabra de Dios sobre la sociedad, especialmente cuando se trata de promover las causas de la paz y de la justicia con medios siempre conformes al Evangelio. La Iglesia nunca determinará qué autoridades deben gobernarnos, pero si exigirá a todas que estén al servicio de la comunidad entera; que respeten sin discriminaciones ni privilegios los derechos de la persona; que protejan y promuevan el ejercicio de la adecuada libertad de todos y la necesaria participación común en los problemas comunes y en las decisiones de gobierno; que tengan la justicia como meta y como norma y que caminen decididamente hacia una equitativa distribución de todos los bienes de la tierra. Todo esto, que es consecuencia del Evangelio, la Iglesia lo predicará y lo gritará si es necesario, por fidelidad a ese mismo Evangelio y por fidelidad a la patria en la que realiza su misión.”
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Mons. Tarancón con el Papa Pablo VI. |
El cardenal tiene conciencia histórica del momento que vive. Él no ignora la carta colectiva de los obispos españoles, en plena confrontación civil ni desconoce el grado de enfeudamiento y de confusión recíprocos que entre la Iglesia y el régimen político acababa de vivirse entre nosotros. Con una admirable serenidad, con palabra profética, el cardenal, reiterando conceptos conciliares y del magisterio eclesiástico, sitúa los términos de la cuestión, en palabras claras, transparentes, sin ningún género de ambigüedades. No habrá más enfeudamiento de la Iglesia en determinadas actitudes o formas políticas. La Iglesia sólo pide lo que ella está dispuesta a dar: libertad. Y ella la quiere para predicar el Evangelio entero, incluso cuando su predicación pueda resultar crítica para la sociedad concreta en que se anuncia. Pide una libertad que no es concesión discernible o situación pactable, sino el ejercicio de un derecho inviolable de todo hombre. Sabe la Iglesia que la predicación de este Evangelio puede y debe resultar molesta para los egoístas, pero que siempre será benéfica para los intereses del país y la comunidad. Este es el gran regalo que la Iglesia puede ofreceros. Vale más que el oro y la plata, más que al poder y cualquier otro apoyo humano.
Si el lector salta de nuevo tres años hacia delante puede volver a leer un precepto de la Constitución que es síntesis de todo su Título I, El articulo 10.1 de la Constitución expresa estas mismas ideas con las siguientes palabras:
“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”
La igualdad, tan acuciantemente exigida por el Concilio, la igualdad real encuentra eco en las palabras del cardenal y expresión positiva en la Constitución española. “Los españoles son iguales ente la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Mas no es suficiente la igualdad ante la Ley. La Constitución quiere que la libertad y la igualdad sean reales y por eso atribuye a los poderes públicos la función de promover las condiciones para que esos valores, predicables tanto del individuo como de los grupos en que se integra, sean efectivos y les incita a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Iglesia —había dicho el cardenal— no patrocina ninguna forma ni ideología política y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderías, está usurpándolo manifiestamente. Replica la Constitución: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitaciones, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley…” ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
La palabra dicha desde la Iglesia hacia la comunidad política es una palabra de respeto a la comunidad política y a cuantos participan en su configuración, en su conformación y su dinamismo. Pero la Iglesia no quiere comprometerse con ninguna bandería entre las que compiten, dentro del esencial pluralismo político, por conseguir, a través de la elección de los ciudadanos, el ejercicio del poder. Tampoco el Estado se compromete con ninguna confesión religiosa, aunque evidentemente valora positivamente el hecho religioso y, en consecuencia, el Estado se obliga a mantener las consiguientes relaciones de cooperación tanto con la Iglesia Católica cuanto con las demás confesiones.
¿Qué ofrece la Iglesia a la comunidad política, en la homilía del Cardenal?
A cambio de tan estrictas exigencias a los que gobiernan, la Iglesia asegura con igual energía, la obediencia de los ciudadanos a quienes enseña el deber moral de apoyar a la autoridad legítima en todo lo que se ordena al bien común.
Es un momento augural en la rancia historia de este viejo pueblo, que, en tan contadas ocasiones, ha podido ver liberadas las energías latentes en sus miembros para ejercitarlas, sin temor, en beneficio común. La Iglesia exige a sus fieles que apoyen a la autoridad legítima en todo cuanto se ordena al bien común.
Durante la legislatura constituyente, se abrazaron voces para acusar el carácter laico de nuestra Carta Fundamental. El Cardenal así lo había previsto. “Para cumplir su misión, la Iglesia no pide ningún tipo de privilegio.” Lo que la Iglesia pide —y el cardenal reitera a lo largo de sus luminosas palabras— es el derecho de predicar el Evangelio, es el derecho a su propia libertad, que no es una situación pactada. Es recurrente la polémica sobre cuál de estos dos valores es prevalente: si la justicia o la libertad. La cuestión no está bien planteada porque si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, nada es más suyo de cada uno que su propia y constitutiva libertad, “que no es concesión pactable, sino el ejercicio de un derecho inviolable de todo hombre.”
El Cardenal ofrece al rey la oración de la Iglesia, su propia oración. En esta hora —dice— tan decisiva para Vos y para España, permitidme, Señor, que diga públicamente lo que quien es pastor de vuestra alma pide para quien es, en lo civil, su Soberano.
“Pido para Vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la madre patria, de todos cuantos desean convivir, sin privilegio ni distinciones, en el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos enseñó el Concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta de la nuestra pues «nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre.» Pido también, Señor, que si en este amor hay algunos privilegios, éstos sean para los que más los necesitan: los pobres, los ignorantes, los despreciados, aquellos a quienes nadie parece amar.”
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El Cardenal Tarancón con el Papa Juan Pablo II. |
Obsesivamente, recurrentemente, el Cardenal emplea la palabra todos. Si alguna vez el cardenal ha sido auténticamente pontífice, ello ha ocurrido en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. En aquella fría mañana del otoño de 1975, fue hacedor de puentes entre un pasado tan reciente y la esperanza de un futuro inmediato. El pasado había legitimado los poderes no en virtud del amor, sino en virtud de la victoria. El futuro ha de tener por fundamento a todos los españoles, a todos cuantos se sienten hijos de la madre patria, a todos cuantos desean convivir, sin privilegios ni distinciones, en el mutuo respeto y amor. La inspiración evangélica de la última parte de este pasaje es evidente. Sólo habrá predilección —sólo deberá haberla— hacia los pobres, los ignorantes, los despreciados, los marginados, hacia aquellos, en fin, a quienes nadie parece amar.
La neutralidad de los poderes públicos deja de ser tal, cuando se trata de deshacer desigualdades con el fin de promover una igualdad real y efectiva. El Capítulo III del Título I de la Constitución es un buen programa en que los poderes públicos quedan comprometidos, definitivamente comprometidos, en la realización de aquellos valores superiores que la propia Constitución propugna.
“—Pido para Vos, Señor, que acertéis a la hora de promover la formación de todos los españoles, para que sintiéndose responsables del bienestar común, sepan ejercer su iniciativa y utilizar su libertad en orden al bien de la comunidad.”
Es la vieja idea del personalismo comunitario. El hombre sólo se realiza como persona cuando se abre a los demás y vive su rol de sujeto activo de la comunidad en la que se integra. La Constitución española, tras el reconocimiento reiterado del respeto a la dignidad del hombre y a su libertad, limita ciertas manifestaciones de esa libertad —singularmente las de índole económica— para subordinarlas al interés general. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.”
Para uso de los españoles, en un momento singularmente grave de su convivencia nacional, el Cardenal traduce y resume las palabras de la Constitución Gaudium et Spes en que, al aludir a la Iglesia y a la comunidad política, dice de ambas que están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo.
—Pido —habla de nuevo el Cardenal— para Vos acierto y discreción para abrir caminos del futuro de la patria, para que de acuerdo con la naturaleza humana y la voluntad de Dios, las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país, en las medidas concretas de gobierno que nos conduzcan, a través de un proceso de madurez creciente, hacia una patria plenamente justa en lo social y equilibrada en lo económico.
Puede decirse que el Señor Dios escuchó la plegaria de nuestro Arzobispo. Es ya tópico decir que el rey ha sido el motor del cambio. Si no lo hubiera demostrado antes, en muchas ocasiones, lo habría probado, de una vez por todas, en la noche amarga de un 23 de febrero. El rey se ha encarnado en la democracia. Y lo ha hecho en la democracia real; no, en la puramente formal. De esta suerte, utilizando el poder que recibiera del sistema periclitado, ha abierto amplias avenidas a la participación libre y activa en la vida del país y en las medidas de gobierno a todos los ciudadanos. Ya es responsabilidad de todos la de que la convivencia protagonizada por todos, en su sistema de libertades, se oriente, a través de un proceso de madurez creciente, hacia una patria plenamente justa en lo social y equilibrada en lo económico.
—Pido finalmente —continúa el Cardenal— que nosotros, como hombres de Iglesia y Vos, como hombre de gobierno, acertemos en unas relaciones que respeten la mutua autonomía y libertad, sin que ello obste nunca para la mutua y fecunda colaboración desde los respectivos campos. Sabed que nunca os faltará nuestro amor y que este será aún más intenso si alguna vez debiera revestirse de formas discrepantes o críticas. También en ese caso contaréis, Señor, con la colaboración de nuestra honesta sinceridad.
Hombres de Iglesia y hombres de gobierno, al servicio del hombre, al servicio de la persona abierta hacia las demás personas en el seno de una comunidad cada vez más justa, más equilibrada, más libre.
Concluye el Cardenal:
“Dios bendiga esta hora en que comenzáis vuestro reinado. Dios nos dé luz a todos para construir juntos una España mejor. Ojalá un día, cuando Dios y las generaciones futuras de nuestro pueblo, que nos juzgarán a todos, enjuicien esta hora, puedan también bendecir los frutos de la tarea que hoy comenzáis y comenzamos. Ojalá pueda un día decirse que vuestro reino ha imitado, aunque sea en la modesta escala de las posibilidades humanas, aquellas cinco palabras con las que la liturgia define el infinitamente más alto reino de Cristo; reino de verdad y de vida, reino de justicia, de amor y de Paz.
“Que reine la verdad en nuestra España, que la mentira no invada nunca nuestras Instituciones, que la adulación no entre en vuestra casa, que la hipocresía no manche nuestras relaciones humanas.”
Este amor a la verdad es el mismo que Juan XXIII, no tan reiteradamente manifiesta en la Pacem in Terris. Amar a la verdad, tratar de descubrirla y de servirla, equivale a hacer justicia.
—Que sea vuestro reino un reino de vida, que ningún modo de muerte y violencia lo sacuda, que ninguna forma de opresión esclavice a nadie, que todos conozcan y compartan la libre alegría de vivir.”
Desgraciadamente, esta plegaria del cardenal no se ha cumplido todavía. Pero ya no hay violencia institucional que esclavice, que agarrote, y, menos aún, que mate. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral… Queda abolida la pena de muerte…
—Que sea el vuestro un reino de justicia en el que quepan todos sin discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley y puesta siempre la ley al servicio verdadero de la comunidad.
Hay que dar de nuevo el salto de un trienio para leer el preámbulo de la Constitución en que se expresan los fines que la misma Constitución persigue: “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular…”.
—Que sea el vuestro —dice el cardenal— un reino de amor, donde la fraternidad sea la respiración de las almas; fraternidad que acoja las diferencias y, respetándolas, las ponga todas al servicio de la comunidad.
La Constitución se fundamenta —ya se ha citado antes el artículo 2º— en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos lo españoles, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. He aquí un modo de superar las diferencias, tras el reconocimiento de que las diferencias existen, de que los hechos diferenciales confieren a cada comunidad peculiaridades propias y dignas del más pleno respeto.
—Que sobre todo —va a concluir el cardenal— sea el vuestro un reino de auténtica paz, una paz libre y justa, una paz ancha y fecunda, una paz en las que todos puedan creer, progresar y realizarse como seres humanos y como hijos de Dios.
Solo han pasado siete años desde que las palabras del cardenal se pronunciaron. Bastaron tres para que no pocas fueran cumplidas en el texto constitucional. Hoy es siempre todavía para mantener vivo el programa, vigente el mensaje, abierto el corazón a la esperanza. Y Dios, sobre todo. Porque el acto, pese a su evidente dimensión social, fue un acto profundamente religioso. Fue una plegaria de quien forma parte del magisterio, dicha desde el magisterio, inspirada en el magisterio y proclamada proféticamente, con el aliento de quien abre un camino por el que se puede andar, por el que se puede empezar a andar.
(Tomado de: Iglesia, Estado y Sociedad en España. 1930-1982. Coordinado por Joaquín Ruíz-Giménez. Editorial: Argos Vergara, S.A. Madrid, 1984)
