Puede considerarse tortura todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. (Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles. ONU)
Conocer esta definición de tortura, y utilizarla cotidianamente como criterio de juicio para evaluar hechos, actitudes y disposiciones de quienes ejercen el poder, o de cualquiera que actúe con su consentimiento, es parte del ejercicio de la ciudadanía responsable en Cuba y en cualquier parte del mundo. De la misma manera deben conocerse y utilizarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los pactos internacionales de derechos Civiles y Políticos, y  Económicos y Sociales, de los que nuestro país es signatario.
La definición de tortura de arriba corresponde a una visión del mundo, en la que la persona humana es  centro y fin de la vida social. Su dignidad de hijo e hija de de Dios hace inadmisible que se ejerza daño alguno a ésta aún cuando las razones que se esgriman sean en principio justas. Sólo son lícitos los sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas, lo cual implica juicio justo, abogado defensor y tribunal imparcial. La persona es inviolable, por eso la Iglesia se opone no sólo a la tortura sino a la pena de muerte, al aborto, y a otras muchas formas de violación de nuestra dignidad.
Hay personas, instituciones, gobiernos y sistemas políticos que discrepan o están en contra de estos principios, y así lo reflejan las formas de ejercicio del poder y de cuidado del orden público, así como los sistemas legales y las costumbres en varias partes del mundo. En Cuba no somos ajenos a esa situación.
 Todo el mundo canta era el nombre de un popular programa de televisión cubano de hace un cuarto de siglo. Del mismo modo le llaman popularmente a algunos lugares de detención de la policía, porque cuando un presunto delincuente es capturado termina diciendo “lo que sabe y más” sobre los delitos de que se le acusa y los implicados. Muchísima gente en Cuba está de acuerdo con esta situación, porque es vista como una «garantía» de la tranquilidad ciudadana y de la lucha contra el delito común, cada vez más frecuente y cruento, dada la crisis económica y ética que vivimos.
Mientras la eficacia de la gestión policial se logre mediante métodos no cruentos, no puede hablase de tortura y sí de grandes méritos en este sentido, porque luchar contra el delito, especialmente la droga, la violencia y el terrorismo sin llegar a recurrir a la tortura es uno de los grandes retos de los cuerpos policiales de nuestros días. Pero cuando se recurre a la tortura, se está cometiendo una gran violación a la dignidad de la persona aun cuando la causa sea el delito y el fin la seguridad ciudadana. El fin no justifica los medios.
Para muchos, en Cuba y en el mundo, la tortura tiene justificación ética cuando la misma puede evitar males mayores, como en el ejemplo clásico de que al torturar a un terrorista capturado, puede obtenerse la información necesaria para evitar que explote una bomba que matará y herirá a muchas personas, o de otro delito que por su gravedad, revista un gran perjuicio.
Otros, sin embargo, pensamos que permitir  la tortura u otros tratos crueles es abrir una «caja de Pandora» que justifica las más disímiles violaciones a la integridad de la persona por las más diversas razones económicas, políticas, religiosas, o por simples miserias humanas.
El Catecismo de la Iglesia Católica no considera en absoluto a la tortura como una alternativa para obtener información de un presunto delincuente, ni el ejercicio de otras presiones o castigos, bajo ninguna circunstancia: “La tortura, que usa de la violencia física o moral, para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuando casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico” (no. 2297)
En la raíz del empleo de la tortura se encuentra el pecado, y una visión reductiva y utilitarista de la persona humana, a la cual se anteponen las necesidades de todo tipo, el pragmatismo, o determinados principios políticos, económicos, ideológicos, o religiosos. La Historia ha demostrado que esas posiciones y los grupos o sistemas sociales basados en dicha visión reductiva, terminan desmoronándose, y mientras existieron, no aseguraron el orden, la estabilidad o el progreso, con cuya consecución justificaban la tortura. La Iglesia ha vivido también esta experiencia tanto como víctima como de victimaria, y ha pedido perdón en varias ocasiones por esto último. (no. 2298)
Cuba firmó la Convención contra la Tortura el 10 de diciembre de 1984, lo cual ratificó el 17 de mayo de 1995. Esto es un gran avance, que ha tenido consecuencias muy positivas, pero quedan aún duras realidades que cambiar: como la de los interrogatorios que usan la violencia, las presiones psicológicas y de otros tipos ejercidas contra disidentes y opositores políticos;  la separación del puesto de trabajo o el centro de estudios por la posición política; o los mecanismos burocráticos que provocan grandes fatigas y molestias a los ciudadanos. En muchos de estos casos no intervienen directamente las autoridades públicas, en otros sí, pero en la inmensa mayoría dichas autoridades tienen conocimiento de hechos y regularidades.
De cara a estos problemas el deber de las autoridades es el de mejorar el marco jurídico de manera que desaparezcan estos males. El deber de las diferentes organizaciones, grupos y familias es la educación de sus miembros en el conocimiento de la ley, los derechos y los deberes así como el rechazo a la tortura y la violencia. Y en el caso del ciudadano, el deber es de revisar sus actitudes cotidianas y desterrar de éstas cualquier práctica o tendencia al maltrato de los otros.
Sin el concurso de todos no es posible una gestión pública u orden social sin violencia y tratos crueles: los legisladores no darán pasos en la eliminación de la violencia en los interrogatorios mientras la gente prefiera «que todo el mundo cante», la legislación que evite las formas de discriminación que aún quedan, no avanzará mientras a la mayoría nos siga siendo indiferente que a “fulano lo botaron por decir lo que piensa”, y así podrían ponerse otros ejemplos. Es preciso hacer notar que  en este sentido se ha avanzado mucho en Cuba, sobre todo en las actitudes de personas y grupos: hace cuarenta años sucedía que la gente perdía el trabajo o la escuela por ir a la misa o al culto, hoy eso se ha reducido a las personas con determinados compromisos en determinadas obras de sus comunidades cristianas. Hace una década pasaba lo mismo con quienes decían que eran necesarios cambios en Cuba, hoy pasa sólo con los que están comprometidos con lograr esos cambios, aunque sea por vías pacíficas y públicas. Es cierto también que en términos de legislación no se ha percibido el mismo avance, sobre todo porque estos temas han permanecido bajo grandes limbos legales, regidos por leyes no suficientemente claras, o tratados en procesos no suficientemente imparciales. Hace 50 años se inició un proceso social para terminar con grandes discriminaciones y abusos, y en cierta medida lo logró, pero aparecieron otros  y el tabú sobre éstos, lo cual es necesario superar. La vida ha demostrado que negar unos derechos no es la vía de conseguir otros, ni de acortar el camino al progreso, sino que hay que procurarlos todos, al mismo tiempo, pero de forma gradual, aunque el camino sea más largo. El hecho de que Cuba sea signataria de los fundamentales pactos internacionales de derechos, hace innecesario que explique en este artículo a qué me refiero cuando hablo de todos los derechos.
Yo tengo fe en que se continuará avanzando en el sentido de la no violencia y la convivencia responsable y sin discriminaciones, en la  medida en que cada miembro de la sociedad haga su parte. Lo que se ha avanzado en Cuba en este sentido debe ser siempre un camino progresivo sin las  lagunas y los temas tabú que aún persisten. En estos temas tan difíciles no se puede lograr todo de inmediato, pero sí se puede conseguir que todo mejore de forma progresiva. En ese empeño sistemático son imprescindibles la educación cívica ciudadana, y la eficacia en la gestión no violenta de las fuerzas del orden, en ambas  cosas se ha avanzado también mucho, lo cual demuestra una vez más en nuestra historia que los cubanos somos de sobra capaces de andar los caminos de la paz y el respeto a la persona humana en toda su dignidad. ¡Continuemos haciéndolo!

19 de marzo de 2009. Festividad de San José. Patrono de la Iglesia.