Desde el inicio de la colonización de Cuba por los españoles, la distribución de las tierras, tanto por los Ayuntamientos o Cabildos, fue causa de reclamaciones y pleitos legales dado que los predios eran entregados en forma de círculos, creando tierras realengas entre círculo y círculo.
Las muy abundantes tierras de labor no eran demarcadas, lo que originó innumerables reclamaciones debido a la superposición de los límites de cada predio. Como era de esperar, según aumentaba la población y el uso de las tierras, aumentaban los pleitos.
Según disminuían las tierras disponibles, los Cabildos ponían en práctica la enfiteusis que resultaba conveniente tanto para el Cabildo como para el mediano propietario. El Cabildo podía contar con un ingreso fijo producto de la renta anual pagada por los enfiteutas o arrendatarios, al tiempo que aseguraban su permanencia en la tierra y creaban una población estable. El enfiteuta podía retener el dominio del predio por tiempo indefinido, aumentar el valor de la tierra con su explotación y lo más importante para el campesino, transmitir la heredad a sus hijos.
Por Real Decreto del 27 de octubre de 1877, se ordenó la demarcación y reparto de zonas de cultivo, pero esto fue ignorado por los ayuntamientos, principalmente en la provincia de Oriente, donde las autoridades argumentaron que las tierras que poseían serían cedidas al censo enfitéutico, aunque no se especificaba la relación jurídica con los agraciados, ni se les proveían los documentos necesarios para inscribirla en el registro de la propiedad.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta el estado social al término de la Guerra de los 10 Años, el Gobernador de Santiago de Cuba recomendó la aprobación de los repartos en propiedad. En su opinión no era justo despojar a los colonos de lo que habían confiado obtener legalmente.
El Gobernador estimó que era gente pobre de la zona y que al verse sin tierra se entregarían al ocio y la vagancia y podrían ser utilizados por los enemigos de España para hacer renacer la lucha armada. Desde la Capitanía General se confirmaron las concesiones hechas hasta esa fecha, pero que las disposiciones de los futuros predios debían ser hechas en forma legal, cumpliendo los requisitos de deslinde e inscripción en el Registro de la Propiedad.
Esta manera de distribuir las tierras, que en el municipio de Jiguaní superó las 27,000 hectáreas, dio origen a unas comunidades agrícolas sin orden, servicios básicos, deslindes de propiedades, ni títulos legales de la propiedad. De todas estas comunidades ninguna alcanzó la importancia y notoriedad que logró el Realengo 18 en la región montañosa al suroeste de la Bahía de Guantánamo.
Con el crecimiento de la industria azucarera en Cuba, las compañías multinacionales adquirían grandes extensiones de terrenos agrícolas o con potencial de serlo, en toda la Isla, pero en especial en las provincias de Camagüey y Oriente.
En el mes de agosto de 1934, cuando el azúcar y la industria azucarera no valían, la Compañía Azucarera Maisí, propietaria del Central Almeida, próximo al realengo, encargó al ingeniero Félix Barrera que hiciera la mensura y deslinde de unas tierras que había adquirido años antes y que incluía el Realengo 18. La Compañía Azucarera Maisí se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 1932, en un pleito entre los residentes del Realengo 18 y varias compañías agrícolas que reclamaron tener título legal de dichas tierras.
El trabajo encargado al Ing. Barrera no pudo ser realizado, porque unos 150 residentes del área, que decían ser los legítimos propietarios, obligaron a la partida a retirarse de la propiedad.
Pocos días después, otra partida de agrimensura acompañada por una escuadra del ejército, intentó reanudar los trabajos de deslinde, pero esta vez los residentes que se enfrentaron a la cuadrilla y soldados eran unos 800. Crecieron las tensiones y el flamante nuevo jefe del ejército, el Coronel Batista envió refuerzos. Aumentaron los residentes opuestos al deslinde, que según los periódicos de la época llegaron a varios miles y armados, hasta que a principios del mes de octubre los agrimensores y soldados se retiraron sin haber podido efectuar el deslinde.
Según la tradición oral, el Realengo 18 se había formado en 1877, cuando el “pacificador” Arsenio Martínez Campos había designado al general del Ejército Libertador Guillermo Moncada para repartir las tierras del Estado en parcelas de media caballería a los desmovilizados. Siguiendo la tradición oral, al terminar la Guerra de Independencia en 1898, otro grupo de veteranos se unieron a los de 1877, y tan tarde como en 1920, ante la gran crisis económica un nuevo grupo de obreros agrícolas desplazados de los centrales azucareros se sumaron a los dos grandes grupos anteriores, llegando a sumar junto con los colindantes, unas cinco mil familias.
Aunque el Realengo 18 ha estado presente en toda la vida de Cuba republicana, es muy poco lo que de él recoge la historia escrita y sorprende que Pablo de la Torriente Brau, actuando como corresponsal del periódico habanero Ahora le dedicara en 1934 grandes crónicas al enfrentamiento de los residentes del Realengo con los enviados de la Azucarera Maisí y que la activista de izquierda norteamericana Josephine Herbst, visitara en febrero de 1935, un lugar perdido en las montañas próximas a Guantánamo para preparar un documento sobre sus investigaciones de los sucesos con el ejército y difundir sus luchas. El documento, fechado el 24 de febrero de 1935, está firmado por el supuesto líder de los residentes, Lino Álvarez. El trabajo en idioma inglés llamado “A Passport from Realengo 18” fue publicado el 16 de julio de 1935, en New Masses.
Si bien tanto Pablo de la Torriente Brau como Josephine Herbst están identificados como izquierdistas, con posibles intereses políticos, el Diario de la Marina publicó el día 29 de noviembre de 1934, unas declaraciones de un líder de los residentes en el Realengo, manifestando que cuando los montunos se unieron a la Guerra en 1895, varios generales, entre ellos Antonio Maceo, les aseguraron que esos terrenos eran del Estado y que podían permanecer allí disfrutando libremente de la tierra y de sus productos.
De la Torriente Brau, en sus numerosos artículos en el periódico Ahora llamó a la actitud del ejército y los campesinos como “Tierra o Sangre”. Afortunadamente no hubo sangre.
Aún cuando todos los gobiernos electos después de estar vigente la Constitución de 1940, hicieron realidad el deslindar y entregar títulos de propiedad a los ocupantes  de numerosos realengos orientales, en el caso del Realengo 18 no fue posible dado su extensión, miles de habitantes, antigüedad y carencia de todos los servicios básicos.
A los pocos años de haberse entregado en otros realengos las fincas deslindadas y con títulos de propiedad legalmente registrados, se pudo constatar el fracaso del proceso, porque las fincas habían pasado a manos de los más entregados y trabajadores parceleros, que les habían comprado las propiedades a los antiguos vecinos.
Algunos han querido ver un “movimiento campesino” en las protestas del Realengo 18, con películas (1961), artículos y hasta libros, cuando la propiedad privada había dejado de existir en Cuba.